Insalubre e ilegal cafetería se amparó para que no le finalizaran la concesión semestral en el CETIS 116
*Además de no pagar para las mejoras de la escuela, ha provocado enfermedades gastrointestinales a unos 15 alumnos del plantel.
Arturo Parra
Acapulco, Gro.- Una vez más un representante de la justicia comete un acto de injusticia, al anteponer un interés particular sobre el interés colectivo de la comunidad estudiantil del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios 116, ubicado en Las Cruces.
El juez Segundo de Distrito, José Artemio Navarrete Sánchez, amparó al particular Said Moreno Loeza, quien promovió el juicio de amparo indirecto 659/2025, para que no le finalizaran la concesión de cafetería dentro del plantel educativo mencionado y continuar vendiendo de manera ilegal, porque cada semestre se renueva dicha concesión.
Por otro lado, debido a las condiciones insalubres con que preparan sus alimentos, al menos 15 alumnos han resultado con enfermedades gastrointestinales, y es que mostraron fotos donde llenan los garrafones del agua que utilizan, con la llave de los baños.
El director del CETIS 116, José Marcelo Olea, explicó ante medios de comunicación que en esa institución ya requieren de al menos tres cafeterías, pues tienen una matrícula de más de 2,700 alumnos, y el particular Said Moreno logró que el juez ordenara cerrar otros tres expendios más que habían sido autorizados de manera alterna y provisional, al estar en litigio la primera cafetería, que ya resulta insuficiente, lo cual afecta a la comunidad estudiantil.
La concesión del individuo mencionado tenía vigencia del 1 de febrero al 31 julio de 2025, fecha en que se venció el término legal, pero para no salirse promovió un amparo evitando asi que se hiciera una nueva convocatoria y ahora no paga ni un solo peso.
Ya debe una cantidad superior a los 700 mil pesos, de los cuales 360 mil pesos corresponden al semestre de agosto de 2025 al mes de enero de 2026, por el usufructo del local, y de febrero a julio de 2026 debería haber pagado 424 mil pesos, dinero que debió ser administrado por el comité de padres de familia, para mejoras de la escuela.
El director José Marcelo Olea dijo que van a apelar a la resolución del juez federal y analizar una posible suspensión de clases "porque soy el responsable de la seguridad y bienestar de los alumnos y no los podemos exponer a que salgan a la calle a comprar, ni tampoco a que consuman alimentos insalubres".