Chilpancingo, Gro., 27 de septiembre de 2026.- Para que la primera elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces locales se lleve a cabo en 2028, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano presentó una iniciativa que armoniza la Constitución Política del Estado con la reforma constitucional federal en materia del Poder Judicial, decretada en junio de este año.
Desde tribuna, el legislador por Morena recordó que la reforma al Poder Judicial de la Federación de 2024 transformó de manera profunda el modelo de impartición de justicia, al integrar a la ciudadanía en la designación de las personas juzgadoras.
Expuso que tras esa primera experiencia electiva celebrada a nivel nacional el 1 de junio de 2025, el Poder Ejecutivo federal identificó áreas de oportunidad para perfeccionar el diseño normativo, sin alterar su esencia democrática.
En ese sentido, refirió, el pasado 2 de junio de este año se realizó una segunda reforma, en cuyos artículos transitorios se estableció recorrer la elección judicial al año 2028, aplicable a todas las entidades federativas.
Bajo esta lógica, puntualizó el legislador, en esta iniciativa se homologa dicha disposición transitoria para que por primera vez la elección de los cargos del Poder Judicial de Guerrero se realice en el año 2028, conforme a lo que mandata el decreto federal.
Bello Solano explicó que esta reforma no sustituye las bases aprobadas previamente por el Pleno del Congreso del Estado, sino que busca fortalecer los mecanismos institucionales para que la voluntad popular se exprese con total certidumbre.
Detalló que la iniciativa precisa reglas para garantizar tiempos idóneos en la organización de los comicios, la simplificación del ejercicio del sufragio, la gestión comprensible del voto y la adecuada operación de los Comités de Evaluación, a fin de asegurar la competencia técnica y profesional de quienes aspiren a la función jurisdiccional.
Por último, subrayó que estas adecuaciones son fundamentales para consolidar un Poder Judicial cercano a la ciudadanía, profesional y capaz de garantizar una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para el análisis y dictaminación correspondientes.