Pide diputada Eguiluz Bautista reconocer a migrantes en retorno como población prioritaria y no criminalizarlos
La legisladora informó que en 2025 Guerrero recibió 3 mil 396.4 millones de dólares en remesas, una cifra histórica que evidencia la relevancia de los migrantes para la economía estatal, donde estos recursos representan un apoyo fundamental para miles de hogares y comunidades. No obstante, señaló que el actual contexto migratorio en Estados Unidos ha generado condiciones más complejas para esta población, con un incremento de operativos y detenciones, además de nuevas disposiciones que encarecen el envío de remesas.
Agregó que debido a ello, el retorno de personas migrantes guerrerenses a la entidad ha aumentado en los últimos años, lo que plantea nuevos retos para las instituciones estatales y municipales en materia de atención, acceso a servicios, regularización documental, salud, educación y reinserción laboral. Por ello, consideró indispensable actualizar el marco jurídico estatal para responder a esta realidad con un enfoque de derechos humanos.
La iniciativa propone reformar el artículo 5 de la Ley de Atención a los Migrantes del Estado de Guerrero para establecer de manera expresa que las personas migrantes guerrerenses en retorno sean consideradas población prioritaria en las políticas públicas, acciones y asignación presupuestaria del Estado, especialmente cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad o desventaja.
Asimismo, plantea adicionar al artículo 4 el principio de no criminalización de las personas migrantes, mediante el cual se establece que ninguna autoridad estatal o municipal podrá considerar la condición migratoria —regular o irregular— como elemento único para presumir la comisión de delitos o faltas administrativas, ni para justificar actos de molestia o discriminación.
La diputada Eguiluz Bautista recalcó que estas reformas no buscan sustituir las competencias federales en materia migratoria ni limitar las funciones de seguridad pública, sino brindar mayor certeza jurídica a las autoridades estatales y municipales, asegurando que cualquier intervención se base en criterios legales y objetivos, evitando prácticas discriminatorias o de perfilamiento por condición migratoria.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Migrantes para su análisis y dictaminación.