Diputada Erika Guillén propone protocolo estatal y censo para atender a niños en orfandad por violencia en Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 18 de marzo de 2026.– En una propuesta con enfoque de derechos humanos, la diputada Erika Isabel Guillén Román presentó ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo Parlamentario para que el gobierno estatal implemente un Protocolo de Atención Integral para la Niñez en Situación de Orfandad por Violencia, así como la realización de un censo estatal que permita dimensionar esta problemática y diseñar políticas públicas efectivas.
El planteamiento establece, como primer resolutivo, exhortar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Guerrero a diseñar e implementar dicho protocolo, el cual deberá contemplar mecanismos de identificación, atención psicosocial, acompañamiento educativo y restitución integral de derechos para niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus padres por hechos violentos.
Como segundo punto, se propone que la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el DIF y los municipios, realice un censo estatal especializado, con el fin de contar con información estadística confiable que permita dimensionar la magnitud del fenómeno y orientar la toma de decisiones públicas.
El tercer resolutivo plantea que tanto el protocolo como el censo consideren variables clave como condiciones sociofamiliares, acceso a educación, servicios de salud, atención psicológica y redes de apoyo, bajo criterios de confidencialidad y respeto al interés superior de la niñez.
Asimismo, en el cuarto punto se exhorta al DIF Guerrero y a la Secretaría General de Gobierno para que, en coordinación con las dependencias estatales competentes, analicen e impulsen políticas públicas, incluyendo la viabilidad de establecer un mecanismo financiero o fideicomiso estatal que garantice apoyos económicos permanentes para su manutención, educación y bienestar integral.
La propuesta parte de un diagnóstico sólido: en México, al menos 131 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de orfandad, muchos de ellos derivados de contextos de violencia, de acuerdo con estimaciones del Senado. A ello se suma que el 45.8% de la población infantil vive en pobreza en 2022, y cerca del 9.9% en pobreza extrema (CONEVAL, 2024), lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad, particularmente en entidades como Guerrero, donde estos indicadores alcanzan niveles más críticos.
Desde el enfoque jurídico, la iniciativa se sustenta en el artículo 4º de la Constitución federal, que obliga al Estado a garantizar el interés superior de la niñez, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen el derecho de niñas y niños a recibir protección especial cuando son privados de su entorno familiar. Además, retoma la Ley General y la Ley estatal en la materia, que mandatan la adopción de medidas específicas de protección en contextos de vulnerabilidad.
La legisladora advierte que uno de los principales problemas institucionales es la ausencia de información sistematizada, lo que invisibiliza a miles de menores que, al quedar bajo el cuidado de familiares, no ingresan a registros oficiales ni acceden a programas de apoyo. Esta omisión, señala, impide diseñar políticas públicas eficaces y perpetúa ciclos de desigualdad, pobreza y exclusión.
“El Estado no puede permanecer omiso ante una de las consecuencias más dolorosas de la violencia: la orfandad infantil. Cada niña y cada niño en esta condición representa una responsabilidad ética y legal que debemos atender con urgencia”, se desprende del razonamiento central de la exposición de motivos.
El Punto de Acuerdo busca, en síntesis, pasar de la invisibilidad a la acción institucional, estableciendo rutas claras de atención y coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar que ninguna niña o niño en Guerrero quede fuera del alcance de la protección del Estado.