*Filiberto Velázquez Florencio es fundador del Centro de Derechos Humanos "Minerva Bello".
*La Diócesis Chilpancingo-Chilapa confirmó que la decisión se tomó para salvaguardar su vida.
Jorge Balvanera
Chilpancingo, Gro., a 07 de enero del 2026.- El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia “Minerva Bello”, se vio obligado a abandonar el estado de Guerrero tras recibir amenazas directas por parte de un grupo que opera en la zona de Petaquillas y el circuito Rio Azul, una situación que evidencia el clima de riesgo permanente para defensores de derechos humanos y actores religiosos que acompañan a víctimas de la violencia.
Velázquez Florencio, ampliamente reconocido por su trabajo con madres buscadoras y su participación en iniciativas de construcción de paz en Chilpancingo, reveló que desde agosto contaba con información de primera mano sobre el peligro que enfrentaba. Sin embargo, el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en octubre pasado, fue un factor determinante que aceleró su salida del estado.
“Desde agosto ya tenía yo información de primera mano del riesgo que tenía por este grupo de Los Ardillos”, declaró en entrevista. De acuerdo con el propio sacerdote, ante la gravedad de las amenazas, la Iglesia le sugirió incluso abandonar el país, recomendación que finalmente fue descartada.
Según relató, se acordó que permanecería en México, aunque fuera de Guerrero y manteniendo un perfil bajo. Su salida del estado se concretó durante los primeros días de diciembre.
La información fue confirmada por el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, quien señaló que la decisión se tomó con el objetivo de proteger la integridad física del sacerdote, ante un contexto de amenazas reales y latentes.
Pese a su salida forzada, Filiberto Velázquez aseguró que continúa su labor de acompañamiento a familiares de víctimas de la violencia y no descarta regresar a Guerrero. “Mi esperanza es regresar, yo tengo muy clara mi misión”, expresó.
El caso del sacerdote y defensor de derechos humanos vuelve a poner en el centro del debate la falta de condiciones de seguridad para quienes documentan violaciones, acompañan a víctimas y cuestionan, desde distintos frentes, la normalización de la violencia en regiones como Guerrero, donde la presencia del crimen organizado sigue marcando la vida pública y social.