Titular de Obras Públicas omitió en su informe datos de empresas y contratos adjudicados, observó la diputada Coria Medina
*Dijo que a la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas le hizo falta información detallada, durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
Chilpancingo, Gro., 27 de noviembre de 2025.– La diputada perredista Mirna Guadalupe Coria Medina cuestionó este jueves a la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, por las omisiones técnicas y la falta de información detallada en el informe presentado al Congreso de Guerrero, sobre el estado que guarda la obra pública en la entidad.
La legisladora señaló que, aunque el documento oficial describe inversiones millonarias, proyectos urbanos regionales y obras en agua potable, drenaje, vivienda, urbanización, caminos y puentes, deja fuera información indispensable para evaluar el desempeño real del sector, pues no menciona las empresas contratistas, los procedimientos utilizados ni los montos adjudicados a cada contrato.
Desde tribuna, Coria Medina advirtió que este Congreso busca claridad, evidencia y responsabilidad pública, y recordó que las obras pueden anunciarse, pero solo pueden validarse mediante contratos transparentes, supervisión técnica, matrices de impacto y evidencia verificable.
Subrayó que varias obras contempladas y con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Legislativo no registran avances ni ejecución visible, lo que demuestra —dijo— que la planificación financiera y el ejercicio del gasto no están alineados con lo que la ley y el pueblo han mandatado. A esto añadió que la ausencia de ejecución o seguimiento en obras ya presupuestadas implica que no se está cumpliendo cabalmente con lo planeado y, en consecuencia, la voz de la población no está siendo atendida. “Una obra presupuestada y no realizada es un derecho ciudadano negado”, expresó.
En su intervención, la diputada formuló preguntas puntuales a la funcionaria, entre ellas cómo asegurará la Secretaría el adecuado uso de materiales, el cumplimiento de estándares de calidad y el correcto seguimiento de los procedimientos técnicos para evitar prácticas deficientes que puedan derivar en futuros desastres y poner en riesgo vidas humanas.
También cuestionó por qué el informe no presenta información sobre obras no iniciadas, retrasadas, suspendidas o con daños derivados de los huracanes Otis y John, pese a que estos fenómenos causaron afectaciones significativas en distintas regiones del estado.
Coria Medina expuso además un caso concreto en el municipio de Benito Juárez, región Costa Grande, donde la reparación del muro de tablaestacado —actualmente cubierta por seguro de obra— evidencia trabajos deficientes, materiales de alto costo y procedimientos que no garantizan la seguridad ni la durabilidad requerida.
Recordó que no es la primera vez que ella, junto con distintas diputadas y diputados, solicita desde tribuna la intervención de la Secretaría de Obras Públicas ante posibles irregularidades y advirtió que la falta de supervisión o la tolerancia a obras mal ejecutadas puede convertirse en un riesgo que, tarde o temprano, derive en tragedias.
La diputada también cuestionó la ausencia de criterios claros para determinar la priorización territorial y social de los proyectos. Señaló que, aunque el informe menciona acciones en distintas regiones del estado, no explica cómo se definieron las prioridades ni si existe una matriz de priorización, un estudio de impacto o un análisis costo-beneficio, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales o motivadas por criterios políticos.
Asimismo, destacó que, pese a que el documento hace referencia a inversiones derivadas de los fenómenos naturales recientes, no incluye detalle alguno sobre obras no iniciadas, retrasadas, suspendidas o que hayan sufrido daños adicionales tras Otis y John.
Finalmente, Coria Medina reiteró que Guerrero merece infraestructura real, durable y transparente, y exhortó a la funcionaria a entregar información técnica completa y verificable que permita al Congreso cumplir con su responsabilidad constitucional de vigilar el gasto público y garantizar que las obras anunciadas respondan a las necesidades de la población.