La reforma electoral y ¿el partido único?
Celestino Cesáreo Guzmán
Ante el anuncio de la creación de una comisión presidencial encargada de conducir la propuesta de reforma electoral, de inmediato se generaron reacciones encontradas. Hay quienes la consideran el golpe final de la Cuarta Transformación contra el sistema político mexicano y también quienes ven en ella la oportunidad de corregir lo que no ha funcionado.
Lo cierto es que esta iniciativa debe ocuparnos con seriedad, porque en ella se juega la esencia del equilibrio democrático: la forma en que se disputa el poder en México.
Que el sistema electoral necesita ser revisado no admite discusión. Pero esa revisión debe estar orientada a su fortalecimiento, no a su debilitamiento. El objetivo debe ser garantizar más confianza ciudadana, más transparencia, más representación, más equidad, más democracia, y no menos.
La comisión presidencial será encabezada por Pablo Gómez Álvarez, un político con larga trayectoria en la izquierda mexicana y profundo conocedor del sistema de partidos. Su nombramiento ha despertado reacciones ambivalentes: por un lado, se reconoce su experiencia y solvencia moral; por otro, preocupa su cercanía al gobierno en funciones. Hasta ahora, el comisionado ha declarado que no hay una propuesta cerrada y que escucharán a todos los sectores antes de construir un documento base. Esa apertura debe sostenerse en los hechos y no quedar solo en el discurso.
Uno de los principales retos es precisamente el formato para construir la reforma. Se avizora un crujir de la unidad de la alianza en el poder; lo han dicho claro: ¿eliminar la representación proporcional? Sí, solo que, en ese caso, todos los partidos deberían recibir la misma cantidad de dinero ordinario y extraordinario. ¿Eliminación del gasto ordinario? En ese caso, si fuera una carrera de 10 km, unos iniciarían en el kilómetro 6 y otros desde cero. No habría equidad ni podrían funcionar los partidos políticos; además, el riesgo de que llegue dinero ilícito es alto. La oposición no solo vendrá de la oposición; he ahí el arte de generar consensos.
Si se impone una lógica de mayoría legislativa sin abrir un proceso deliberativo amplio, el resultado será una reforma con una sola visión y no una transformación con consenso.
México necesita un espacio de consensos, y la reforma electoral puede ser el inicio del diálogo plural, no la imposición monolítica.
En Guerrero, como en todo el país, hay dudas que deben ser atendidas: la eliminación de los OPLE, la supresión del financiamiento a los partidos. En nuestro estado, por ejemplo, en 2027 se renovarán todos los cargos de elección popular y, además, se llevará a cabo la primera elección del Poder Judicial local para integrar el Tribunal Superior de Justicia. Intentar aplicar una reforma sin claridad jurídica ni operativa para entonces sería altamente riesgoso.
Lo que está en juego no es solamente la austeridad o la eficiencia —que son temas importantes—, sino el futuro de un sistema que ha permitido alternancia, representación y competencia.
Si el fin de la reforma es debilitar las condiciones para esa competencia, lo que se estaría construyendo no es un sistema más democrático, sino un modelo de partido único bajo el ropaje de la democracia.
Es momento de pensar en el país, no en los intereses inmediatos de ninguna fuerza política que pretenda retroceder a los tiempos del partido hegemónico, sin contrapesos. Una reforma electoral no puede ser producto del cálculo partidista. Debe nacer del consenso, del diálogo amplio y de la responsabilidad histórica. México no merece una reforma que lo regrese al pasado; merece una que lo prepare para una democracia más sólida, más incluyente y más legítima. Veremos.