Guerrero frente a la tormenta
Celestino Cesáreo Guzmán
La amenaza del huracán Erick no es sólo meteorológica. Es también el recordatorio puntual de la fragilidad institucional que enfrentan los municipios de Guerrero cuando la naturaleza golpea.
Y es que, más allá de la velocidad del viento o del volumen de la lluvia, lo que más preocupa es la incapacidad del Estado para prevenir, responder y reconstruir con dignidad.
Desde la desaparición del FONDEN, el acceso a recursos para atender emergencias se volvió un asunto de trámites centralizados, burocráticos y ajenos a la urgencia de los territorios.
La Secretaría de Hacienda concentra hoy los presupuestos para desastres, sin reglas claras ni transparencia en la asignación de apoyos. Lo que debería ser una respuesta inmediata se convierte en una carrera de obstáculos para autoridades locales, que muchas veces no saben a quién acudir, cómo solicitar y menos saben cuándo y cuánto recibirán.
Las consecuencias están a la vista. A casi dos años del paso del huracán Otis, hay tramos carreteros que siguen destruidos, como el Acahuizotla–Chilpancingo o Bajos del Ejido-Paso Texca. Y en varias partes de Guerrero hay viviendas que nunca fueron reconstruidas, comercios que no se levantaron, familias que no recibieron un solo peso.
La gente lo sabe y no olvida. Por eso se multiplicaron las protestas en Acapulco y en la Costa Chica. Mujeres, pescadores, campesinos y comerciantes no solo reclaman apoyos, reclaman respeto. Hartos de los censos mal hechos, de la reconstrucción a medias, de los operativos mediáticos sin contenido real. Y tienen razón: los desastres no son sólo naturales, también son sociales cuando las instituciones fallan.
Ante la inminencia de Erick, lo mínimo que puede exigirse es la construcción de un plan de acción serio, territorial y preventivo.
No basta con emitir alertas o prometer ayuda. Se requiere coordinación real entre federación, estado y municipios, con recursos disponibles de inmediato y con la voz de las autoridades locales en el centro. Porque ellos, los alcaldes y alcaldesas, son quienes conocen el terreno, las necesidades y las prioridades. Se debe garantizar seguridad pública y ni un acto de rápiña.
En tiempos de emergencia, ninguna medida de prevención está demás. Cada minuto perdido puede costar vidas.
La justicia climática no es un concepto académico: es la obligación de responder con equidad y eficacia a quienes siempre han vivido en las zonas más vulnerables.
Guerrero no puede permitirse otro Otis ni saqueos. Es hora de que la autoridad asuma su papel, de poner al centro a la gente y sus bienes; de actuar con responsabilidad, con sensibilidad y con memoria.
Porque cuando la tormenta pase —y pasará—, lo que quedará será el juicio de la gente. Y ese, no perdona el abandono. Veremos.