Políticamente Incorrecto
Un reconocimiento que vale
Roberto Camps
Por años, la impunidad ha sido una constante en muchos crímenes de alto impacto en México. Sin embargo, hay momentos —escasos pero significativos— en los que el Estado logra avanzar con firmeza en la ruta de la justicia.
Hace más de una década el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y el fiscal Iñaki Blanco Cabrera impulsaron un proceso legal inédito en su contexto: llevar ante los tribunales al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, una figura que representaba la colusión entre crimen y poder político local.
A contracorriente de inercias institucionales marcadas por el silencio o la omisión, bajo la administración de Aguirre y con la conducción técnica del fiscal Blanco, se integró un expediente sólido que permitió acreditar la operación de un grupo delictivo en el gobierno municipal de Iguala.
Abarca fue condenado a 92 años de prisión por el homicidio del dirigente social Arturo Hernández Cardona y otros integrantes de la organización Unidad Popular, mientras que su esposa y varios exfuncionarios enfrentaron también procesos judiciales. El mérito de ese proceso no fue únicamente legal, sino también político: se trató de una decisión que rompía con la lógica de protección entre élites.
No obstante, ese mismo periodo ha estado marcado por uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país: la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La magnitud de esa tragedia colocó al entonces gobernador en el centro de los señalamientos públicos. Y aunque no existen procesos judiciales en su contra que le atribuyan responsabilidad directa, el escrutinio político y social sobre su figura ha sido implacable.
En este contexto, reconocer los logros alcanzados en el caso Abarca no significa ignorar las deudas abiertas en el caso Ayotzinapa. Significa, más bien, atender la complejidad del momento histórico, donde convivieron decisiones institucionales relevantes con omisiones que aún exigen explicación y justicia.
La afirmación de Soledad Hernández Mena, hija de una de las víctimas de Abarca, pone el énfasis en un punto esencial: sin la intervención del exgobernador Aguirre y del exfiscal Blanco, no habría sido posible documentar ni sancionar los crímenes que hoy permiten visibilizar una parte de la verdad.
Fue, en palabras de ella, gracias a esa voluntad institucional que se logró un expediente con pruebas suficientes para evidenciar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales.
En tiempos donde la confianza en las instituciones sigue fracturada, es necesario que la memoria institucional sea completa y objetiva. Recordar quiénes abrieron paso a la justicia no debe ser un acto de reivindicación personal, sino una contribución al entendimiento de lo que funciona —y de lo que aún falta por corregir— en el sistema mexicano de procuración de justicia.
La historia no absuelve ni condena por decreto. Pero sí tiene la obligación de registrar, con equilibrio, las decisiones que marcaron una diferencia en contextos adversos. La justicia en Guerrero, en aquel capítulo, tuvo rostro y tuvo nombre: responsabilidad pública frente a la impunidad.
Durante los últimos años he colaborado con el ex gobernador Aguirre Rivero, de igual forma he conversado con ex el fiscal Iñaky Blanco. Y no he encontrado en todo este tiempo, un atisbo demquiebre hacia la explicación que dan ambos en torno a su actuación la fatídica noche de Iguala. Espero que como en este caso, la reivindicación llegue en su momento.