La diputada de Morena, Mariana García Guillén, dijo que las acciones emprendidas hasta ahora por los gobiernos municipales y del estado han sido insuficientes para frenar el desplazamiento interno forzado, por lo que propuso tipificar esa acción como un delito que se castigue con penas de seis a 12 años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo a quien de manera individual o colectivamente ejerza violencia o cualquier otro medio coactivo contra una persona o un grupo de personas con el objeto de inducirlos a abandonar sus lugares de residencia.
“Las autoridades han sido rebasadas en su totalidad”, enfatizó al presentar una iniciativa para hacer adiciones al Código Penal del Estado de Guerrero, tipificando el delito de desplazamiento interno forzado, pues a la fecha se calcula que por lo menos cinco mil 56 personas en esta entidad “tuvieron que dejar sus hogares y ello nos coloca en el primer lugar a nivel nacional, en cuanto a desplazamientos forzados”.
Apuntó que las víctimas de desplazamiento pueden ser niños, adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, “madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de sus células familiares”.
Citó que de acuerdo con el reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Guerrero superó a Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, dejándolo como el estado de la República Mexicana donde más personas son víctimas del desplazamiento forzado, debido a la pobreza y los conflictos violentos que se suscitan todos los días.
Los ocho municipios de Guerrero con los más altos índices de desplazamiento forzado por hechos de violencia son San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión. El Estado de Guerrero tiene 44 por ciento de la población desplazada en el país.