ARTURO PARRA OCHOA
NOVEDADES DE ACAPULCO
El gobierno estatal debió antes dar a conocer un anteproyecto de la construcción del Macrotúnel, para que lo conociera la ciudadanía y en su caso los posibles afectados por la obra, mismos que debieron saber desde antes cómo se les iban a pagar las indemnizaciones correspondientes, porque están frente a una figura jurídica denominada servidumbre legal de paso, y por consiguiente están en su derecho de ampararse contra el proyecto, afirmó el presidente del Colegio de Abogados del Estado, Victoriano Sánchez Carbajal.
Y es que toda persona que es afectada por un camino, o por la colocación de líneas de transmisión de comunicación o de energía eléctrica, tiene derecho a que se le pague alguna indemnización respecto del predio que le resulte afectado y sea de su propiedad. Para ello es importante que se contemple un departamento de solución de problemas sociales, en forma estratégica, por parte de quienes vayan a emprender una obra de tal naturaleza.
Tiene que haber un diálogo previo al inicio de cualquier obra, consignó el abogado, para que a los dueños de los terrenos que vayan a ser afectados por el camino, o por el túnel, sean indemnizados antes de dar inicio a los trabajos.
Si existe una reacción social en el sentido de que van a promover juicios de amparo en contra de la obra, quiere decir entonces que el gobierno estatal y demás autoridades que la promueven, no han cumplido la ley, porque no han pagado las indemnizaciones acordes a los avalúos vigentes, añadió, y sostuvo que lo anterior está contenido dentro del Código Civil.
Por eso los afectados están en su derecho, si tienen títulos de propiedad, de acudir ante el juez civil para reclamar el pago de una indemnización por servidumbre legal de paso, y si son son terrenos ejidales ante el Tribunal Unitario Agrario número 41.
Definitivamente, remarcó Sánchez Carbajal, los derechos deben pagarse así se trate de una expropiación o de una afectación urbana.