Jorge Balvanera
Acapulco, Gro., a 02 de junio del 2025.- La alcaldesa Abelina López Rodríguez ha sido señalada por falsear información respecto a la fiscalización de recursos públicos. En recientes declaraciones, afirmó que únicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede auditar fondos federales; sin embargo, un convenio vigente con la Auditoría Superior del Estado (ASE) desmiente categóricamente sus dichos.
Documentos oficiales revelan que la ASE cuenta con atribuciones legales para auditar los recursos federales ejercidos por el municipio.
El convenio en cuestión, plenamente vigente, contradice la versión de la alcaldesa y deja al descubierto su intento por manipular a la opinión pública victimándose y argumentando una "persecución política", cuando en realidad se ha negado a rendir cuentas y a transparentar el manejo de recursos públicos federales.
Además, López Rodríguez presentó un oficio como prueba de su postura, pero dicho documento corresponde a un ejercicio fiscal anterior y no refleja el alcance actual de la colaboración entre ASF y ASE.
Especialistas han señalado que se trató de una descontextualización deliberada, lo que agrava la falta de transparencia.
El trasfondo del caso es aún más preocupante: más de 1,163 millones de pesos están bajo revisión.
La negativa de la alcaldesa a ser auditada ha encendido alarmas en diversos sectores sociales y políticos, pues se trata de recursos públicos que deben ser justificados ante los ciudadanos.
En lugar de colaborar con los procesos de fiscalización, la alcaldesa ha optado por descalificar a las instituciones y posicionarse como víctima de una supuesta persecución.
No obstante, la ASF no ha invalidado el convenio de coauditoría con la ASE, lo que desmonta el argumento central de su defensa.
“Lo que enfrenta la alcaldesa no es una cacería política, sino las consecuencias de una administración opaca y desordenada”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
Desde el Congreso local también se ha hecho un llamado a la rendición de cuentas, recordando que la fiscalización no es opcional, sino un deber legal y ético.
Para muchos, la estrategia de politizar una auditoría técnica es una vieja maniobra para evitar responsabilidades, pero en un contexto donde la exigencia ciudadana por la transparencia crece, esta vez el intento podría no surtir efecto.