El diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado para considerar como delito de “fraude específico” el hecho de que, valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, se obtenga ventajas usurarias por medio de contratos o convenios que estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.
Con ello, se castigaría con prisión de seis meses a un año, ó de 50 a 100 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de 50 veces el salario mínimo; o cárcel de 10 a 15 años y de 500 a 750 días multa, si el valor de lo defraudado excede de cinco mil veces el salario mínimo.
Señaló que la usura indica una conducta abusiva por parte de un prestamista, que se materializa mediante el cobro excesivo de intereses o de exigencias de prenda sobre el préstamo original, considerándose la usura como una actitud inmoral, ya que se aprovecha de aquéllos que puede, para su propio beneficio.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia.