Ayer miércoles, el diputado local de Morena por Acapulco, Marco Antonio Cabada Arias, presentó en el Congreso del Estado su iniciativa con proyecto de decreto en materia de protección al menor, para adicionar diversos artículos a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes de Guerrero número 812 y al Código Penal del Estado número 499, con la finalidad de prohibir la venta de bebidas y alimentos chatarra a menores de edad, considerándola como delito contra la salud.
En su exposición de motivos mencionó que en el Estado de Guerrero, en los últimos cinco años, se han detectado casos por arriba de las 13 y 14 mil personas con diabetes en edades menores de 20 años, como consecuencia de los malos hábitos alimenticios, falta de actividad física y la obesidad.
Además se tiene el registro más alto en incidencia de diabetes infantil, con un 4.29 por cada mil habitantes, por lo cual se han registrado 13 mil 500 defunciones por diabetes tipo II (o infantil) en los últimos cinco años.
Las bebidas que contienen azúcares añadidos (sacarosa, jarabe de maíz alto en fructosa), se asocian con un mayor riesgo de aumentar de peso y por lo tanto desarrollar sobrepeso y obesidad, así como otras enfermedades cardiovasculares como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, la ingesta de azúcares libres o bebidas azucaradas, es un determinante del peso corporal y su consumo ha sustituido la ingesta de leche, disminuyendo el consumo de calcio y otros nutrientes.
Anotó que la obesidad infantil es considerada ya una pandemia, debido al incremento paralelo en la prevalencia de formas pediátricas de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 (DT2) y la presión arterial elevada, las cuales hace pocos años eran típicamente enfermedades de los adultos.
Abundó que su iniciativa se trata de una réplica, al igual que en las legislaturas de otras entidades federativas y en el propio Senado de la República, "pero no es porque sea un tema de moda, sino porque se trata de una preocupación de carácter general y no deben distraernos las presiones de grupos de interés económico que, confundiendo a la sociedad respecto a la interpretación o la visión de la iniciativa, buscan obstaculizar el esfuerzo legislativo en favor de la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes", enfatizó.