Vecinos del conjunto habitacional Villa de Las Granjas, en el fraccionamiento Mozimba, denunciaron el abuso cometido por Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco y el abogado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Ernesto Martínez Abarca, quien haciendo uso del tráfico de influencias logró que se clausurara una pequeña obra de ampliación de uno de los departamentos, sobre un patio de servicios y no en una área común, como lo argumentó el servidor público estatal.
A nombre de los quejosos, Ricardo Robles Gallegos mostró el área donde supuestamente violentaron el Reglamento de Construcciones y se observa sólo una ampliación de baño, así como parte de una recámara que en conjunto no rebasan los 20 metros cuadrados, cuando el reglamento municipal mencionado señala en su artículo 59 que sólo tendrá injerencia el ayuntamiento cuando se trate de una obra de más de 45 metros cuadrados.
De acuerdo con el ingeniero arquitecto J. Santos Santibañez Avellaneda, director responsable de obra número 387, por tratarse de una obra menor no se requiere ninguna licencia de construcción ni responsiva de un DRO (director responsable de obra) ante el Ayuntamiento de Acapulco, además de que no existen afectaciones a la estructura original del edificio dos, donde se hizo la obra, pues tiene una estructura independiente, sin riesgo alguno de colapso del inmueble ni peligro potencial para los habitantes del mismo.
Ricardo Robles agregó que además el funcionario de Conciliación y Arbitraje no resulta afectado con esa obra, que tampoco está sobre algún canal ni muro de contención como lo argumentó Ernesto Martínez en su queja, la cual no ameritaba proceder a la clausura por parte del ayuntamiento, pues ni siquiera fueron notificados los vecinos para poder presentar sus pruebas, y apuntó que en cambio él sí levantó un cobertizo para estacionar su automóvil sobre la plancha de cemento que la Conagua hizo sobre el canal que pasa por ahí.
Los vecinos indicaron que el servidor público estatal ha hecho uso de tráfico de influencias para presionar a las autoridades municipales a clausurar esa obra y lo mismo hizo ante la justicia federal, ante la cual tramitó un amparo, diciéndose representante de los afectados "y litigando como juez y parte", por lo que hacen un llamado al gobernador Héctor Astudillo Flores y al secretario del Trabajo del estado, Oscar Rangel Miravete, para que no permitan esas prácticas.
