Intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, al conmemorarse cinco años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala
Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeros y compañeras diputados.
Medios de comunicación.
Transcurrieron ya cinco años de la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, a indignación persiste, el reclamo de justicia crece así como la necesidad de conocer la verdad.
A la agresión y desaparición de esa noche del 26 de septiembre, siguieron las dudas que dejó la investigación, en diversos niveles se incurrió en responsabilidad por acción y por omisión, a lo que se suma una evidente manipulación política.
Se busco responsabilizar al Partido de la Revolución Democrática y a su gobierno.
Desde los círculos que rodeaban al entonces presidente de la República, se minimizaron los acontecimientos y pretendieron eludir su responsabiliad, y cuando reaccionaron y atrajeron la investigación, otearon la oportunidad del lucro político.
Ahí están en esa perverso manejo, los primeros responsables de esta tragedia.
Hoy debe quedar claro que el incremento de la incidencia delictiva que se vive en otras regiones del país no es prohijada por ninguna sigla política.
Tal parece que no aprendimos las lecciones que nos dejó Iguala, ¿o acaso podemos decir que tenemos policías municipales confiables?, ¿las cárceles, nuestros ministerios públicos, los jueces y magistrados nos garantizan el acceso a la justicia?
En Guerrero y en el País. Cual ha sido la lección? Poco muy poco se ha hecho.
¿Trabajamos parar desterrar las causas sociales y económicas de la violencia?, las recientes comparecencias de los alcaldes ante esta soberanía, la violencia que no deja caminar con tranquilidad por nuestras calle, nos dejan en claro que no es así.
Al paso del tiempo, con la aportación del Grupo Interdisciplinario, de la CNDH y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, surgieron nuevas evidencias, un posible autor intelectual, nuevas rutas de búsqueda de los estudiantes, incluso acusaciones a funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República.
La tragedia de Iguala, no sólo mostró los grados de violencia con que actúa la delincuencia; también mostró la indolencia de las autoridades, así como el descarnado rostro del poder, cuyas motivaciones pueden corromper el funcionamiento de las instituciones, para convertir a México en un país donde impere la impunidad.
Hoy se investiga al investigador, se juzga al juzgador, y la verdad no llega. Pero así como las dudas aumentan, así lo hace la necesidad de justicia y reconciliación, no podemos vivir divididos, presos de la desconfianza y el enojo.
Tampoco podemos decir que la solución del Caso Iguala se encuentra cerca, después de conocer la actuación de los jueces al liberar a los implicados, la manipulación de la investigación por parte de la PGR.
A ello se suma la dilación y la inacción de la Fiscalía General de la República para reactivar las pesquisas, que ya incomoda a los padres de los estudiantes.
Recordemos que fue necesaria la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que el fiscal Gertz Manero los recibiera después de diez meses de la llegada del nuevo gobierno.
A cinco años de esos sucesos que marcaron la historia de Guerrero y del país, la negra noche continúa.
El Grupo Parlamentario del PRD le da un voto de confianza al Presidente Andrés Manuel López Obrador, confiamos en que va a garantizar que el reencauzamiento de la investigación, que irá a fondo, castigará a los responsables materiales e intelectuales, y si se pervirtió la investigación, también habrá consecuencias.
Confiamos, en que se alejará de la manipulación política, que no buscará salidas fáciles, ni habrá impunidad para nadie.
A cinco años de la tragedia, la voluntad de los padres de los 43, nos ha dado lecciones de entereza, de firmeza en el reclamo por llegar a la verdad y que se haga justicia.
Desde esta tribuna nos solidarizamos con ellos y les expresamos nuestro apoyo.
La verdad tendrá que llegar, y con ella, la justicia.
Es cuanto, diputado Presidente.
Chilpancingo, Guerrero, 26 de septiembre de 2019.