El sistema penitenciario de Guerrero ha fracasado, como en otros estados de la república, porque pueden más el autogobierno y la corrupción que permite el ingreso de aparatos electrodomésticos, teléfonos celulares, herramientas, droga y armas a los penales de la entidad, coincidieron presidentes de dos colegios de abogados quienes señalaron que se requiere la intervención de autoridades federales para controlar los ceresos (centros de reinserción social) donde además se violan los derechos humanos.
La reinserción social -readaptación social, le llamaban antes- es un verdadero fracaso de la administración pública tanto federal como local, enfatizó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Alfredo Pérez Zárate, y dijo que en los hechos, los llamados centros de Reinserción Social “se constituyen como verdaderas escuelas del crimen, de modo que quienes regresan a las calles cuentan con mayores capacidades para delinquir, que antes de que fueran recluidos”.
Citó que con una población superior a los cinco mil internos, el sistema carcelario de Guerrero en realidad constituye “una verdadera bomba de tiempo” por sus condiciones de reclusión. Esta situación ha ameritado hasta ahora tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: En agosto de 2016, en mayo de 2017 y, la última, emitida poco después del motín del seis de julio pasado, que se saldó con 28 muertos y varios heridos.
Entre julio y octubre del presente año, corporaciones policiacas y elementos del Ejército Mexicano han realizado cinco requisas, tras los hechos del seis de julio, encontrándose diversos aparatos e instrumentos que nadie sabe cómo llegaron al interior del Cereso de Acapulco, donde antes en agosto de 2015 hubo también una revisión en los penales de Chilpancingo, Tuxpan, Iguala y La Unión, y luego otra en febrero de 2016, dentro del reclusorio de Las Cruces, Acapulco.
Por mencionar un caso, el 17 de agosto de 2015 fueron encontradas 51 tijeras, 71 “puntas”, 70 navajas cúters, 33 pinzas, 12 desarmadores, nueve seguetas, un cuchillo, 64 navajas de afeitar, 77 televisores, nueve grabadoras, dos minicomponentes, 16 bocinas USB, 10 reproductores DVD, 48 ventiladores, cuatro planchas, dos taladros, un equipo de aire acondicionado, seis refrigeradores, cuatro teléfonos celulares, además de mariguana.
Durante la revisión del 19 de febrero de 2016, fueron asegurados 146 objetos punzocortantes, 95 herramientas de trabajo, 95 tijeras, 65 televisores, 15 reproductores DVD, un teléfono celular, 28 plancas, 10 licuadoras, 86 ventiladores, 17 bocinas, 13 espejos, un horno de microondas, 10 grabadoras, cuatro equipos de aire acondicionado y 26 botes de cerveza, entre otros objetos.
De las requisas efectuadas por las fuerzas de seguridad, se desprende que hay acuerdos entre funcionarios y personal de las cárceles con los internos que pertenecen a algún grupo delictivo, señaló el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho, Hugo Hernández Martínez, quien señaló que el sistema penitenciario de Guerrero necesita ser renovado.
“De todos es conocida la existencia de autogobiernos en los ceresos, y siemnpre que realizan las requisas encuentran objetos que no debieran estar en su interior, lo cual nos da plena certeza sobre esos acuerdos, por lo que nada más se requiere voluntad política para resolver este problema”, externó.
Y mientras no se den los resultados adecuados, abundó, la ciudadanía seguirá desconfiando de las autoridades. “Mientras las autoridades sigan con la misma pasividad, el sistema penitenciario de Guerrero seguirá siendo observado y señalado por los diferentes organismos internacionales, algo que por lo visto no les preocupa a las autoridades estatales”, subrayó.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Cereso de Acapulco (Las Cruces) se detectó hacinamiento, sobrepoblación, insuficiencia en los programas para la prevención y atencíón de incidentes violentos y diversas violaciones a los derechos humanos, deficiencias en la alimentación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el proceso para la imposición de sanciones disciplinarias, autogobierno y cogobierno, entre otras irregularidades.
Alfredo Pérez Zárate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Guerrero, recordó que las primeras dos recomendaciones de la CNDH se centraban en la construcción de instalaciones apropiadas, alimentación adecuada y eliminación del hacinamiento, que crea a su vez condiciones para el maltrato y la tortura, según la óptica del organismo nacional de derechos humanos.
Tras el motín de julio pasado, que constituyó un escándalo internacional para Guerrero, la CNDH emitió una nueva recomendación, la 2/2017, amparada en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), para mejorar urgentemente las condiciones de reclusión de los penales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Taxco; es decir, los que concentran el mayor caudal de población carcelaria.
Según información reciente, en 2016 había una población carcelaria de poco más de cinco mil reos distribuidos en los 15 penales que hay en el estado de Guerrero.
De ellos, el 46.3 por ciento estaba recluido bajo proceso penal pero sin haber sido sentenciados, lo que se imputa a la lentitud del organismo impartidor de justicia; es decir, los órganos juzgadores adscritos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Desde luego que esa lentitud del Poder Judicial es una violación más de los derechos de los reos, asentó Pérez Zárate, y añadió que según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de los recluidos dos mil 367 están bajo proceso penal, mientras que dos mil 740 son reos sentenciados.
De ese total, dos mil 225 son internos imputados por delitos del fuero común, en tanto 515 purgan prisión por delitos federales.
El Centro de Reinserción Social de Acapulco, el más grande de todos los penales, cuenta con una población aproximada de dos mil 300 internos, cuando su capacidad es apenas suficiente para albergar a mil 676 presos. Es decir, tiene una capacidad rebasada en un 50 por ciento. Esa es la anomalía a la que se refieren las recomendaciones de la CNDH.
Pero esa situación data de muchos años atrás, lo que significa, recalcó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, que debió ser atendida desde pasadas administraciones, lo cual no ha ocurrido.