Abogadas barristas manifestaron que no avalan la denuncia hecha por un ex presidente y el presidente actual de la Barra Acapulco, Colegio de Abogados, en contra del director general de la Promotora Turística, por lo que piden que lo hagan a título personal y consideran que no está bien encauzada la queja.
Refutaron la acusación del ex presidente de esa asociación de profesionistas, Andrés García Bustamante, en contra el director de la ProTur, Manlio Favio Pano Mendoza, y cuestionaron la representación que llevó el actual presidente, Félix Tapia Espinoza, en esa denuncia que desaprueban.
La secretaria general de la Barra Acapulco, Colegio de Abogados, Zobeida Cruz Nieves, así como la secretaria de Estudios y Proyectos, Silvia Guadalupe Agama Cariño, dijeron desconocer la intervención de la Barra de Abogados en esta acusación, pues “yo como secretaria general y los demás compañeros no avalamos la denuncia de García Bustamante, porque conocemos la trayectoria del licenciado Manlio Favio, que tiene 25 años de ejercer esta profesión y no hemos sabido que se le haya cuestionado algo, entonces debemos apegarnos al marco legal, si hubiera alguna mala actuación de su parte que sean las autoridades las que investiguen”, consignó Zobeida.
Por su parte, entrevistado el titular de la ProTur, señaló que tiene un año de haber pedido licencia como notario público y no puede ejercer esa función por estar a cargo de una responsabilidad dentro de la administración pública estatal, por lo que lo suple en esa función Antonio Pano Mendoza, que es el notario público número ocho.
Pero en todo caso, apuntó que el propio abogado García Bustamante tuvo la potestad de aceptar o rechazar los puntos del contrato del crédito hipotecario que solicitó ante una institución bancaria que a su vez refirió a su hermano Antonio como notario, operación que se realizó desde el pasado mes de julio, por lo que se hace raro que hasta diciembre se queja.
Son seis meses después que alega un cobro supuestamente indebido, recalcó Pano Mendoza, además de que toda operación de esa naturaleza es susceptible de pago de impuestos, que el quejoso no quiere pagar.