Los transportistas se despachan solos para decidir un incremento a las tarifas del servicio público, ya que son quienes se apoderan de los cargos por compromisos políticos de los gobernantes, convirtiéndose en juez y parte, por lo que abogados y regidores proponen una comisión integrada no solamente por representantes de ese gremio sino también de la sociedad civil, para defender los intereses de los usuarios.
Señalaron además que no puede incrementarse de ocho a diez pesos la tarifa para los camiones que dan servicio en la avenida Costera Miguel Alemán, como lo pretenden los permisionarios, porque ese aumento representa un 25 por ciento de la actual tarifa, mientras el salario apenas fue incrementado en un 4.2 por ciento y los precios al consumidor en el país registraron un crecimiento de 0.28 por ciento al cierre del mes de agosto, así como una tasa de inflación anual de 2.73 por ciento.
Debido a las alzas en precios de servicios educativos, gasolinas y algunos productos agropecuarios a nivel nacional, en los primeros 15 días de septiembre el índice general de precios al consumidor subió un 0.35 por ciento, mientras el objetivo de inflación del Banco de México es de un tres por ciento, más o menos un punto porcentual.
En la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero indica que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, integrada por el director general de Transportes, en este caso el transportista Miguel Ángel Piña Garibay, así como los secretarios General, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico, de Finanzas y de Desarrollo Rural, es la que decide modificar las tarifas.
No hay ninguna representatividad ciudadana ni de representantes populares como el Congreso del Estado, aunque en el Capítulo III “De la participación ciudadana”, de la misma ley, se menciona un Consejo Estatal Consultivo de Transporte y Vialidad que preside el mismo Piña Garibay, así como representantes de las organizaciones de concesionarios “y técnicos que al efecto sean designados por el Consejo Técnico”, y que será el órgano de consulta para la Comisión Técnica.
La autorización para incrementar tarifas corresponde a la Comisión Técnica pero con un estudio socioeconómico que los mismos integrantes realizarán, o bien con la presentación de un estudio por parte de los permisionarios del servicio.
Lo anterior fue cuestionado por los regidores Ulises Manrique Dorantes, Arturo López Sugía, presidente y secretario técnico de la Comisión de Transportes del Cabildo de Acapulco, así como por la vocal de la misma, Francisca Alma Juárez Altamirano, quienes proponen ciudadanizar esa Comisión Técnica y que se incluyan representantes de la sociedad civil que tengan conocimientos de Economía y Sociología.
También demandaron que se transparenten los estudios socioeconómicos realizados para justificar cualquier aumento de tarifas, dándose a conocer la metodología utilizada, qué aspectos y parámetros tomaron en cuenta, así como el análisis que arroje el estudio para saber la viabilidad, “porque hay que reconocer que ha subido de precio la gasolina pero también los precios de la canasta básica, y este transporte lo utilizan básicamente los trabajadores que subsisten en su mayoría con uno ó dos salarios mínimos, y si analizamos un usuario que utilice el camión de ida y vuelta para ir a trabajar gastaría el 27.3 por ciento de su sueldo diario”, anotó López Sugía.
Por su parte, la expresidenta del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, María de la Luz Reyes Ríos, apuntó que según el reglamento de la Ley de Transportes el estudio técnico y económico a presentarse debe contemplar los indicadores que supuestamente ahí deberían describirse pero no los mencionan, “toda vez que el artículo 318 donde deberían citarse no existe”.
Agregó que ésta es “la oportunidad para que los diputados analicen y legislen para adecuar estas leyes y reglamentos del transporte en beneficio de los usuarios, y que participen las organizaciones civiles como integrantes de esa Comisión Técnica, con voz y voto, porque de lo contrario seguirá la anarquía en el transporte público y no pueden aplicarse sanciones ellos mismos, ya que son del mismo gremio quienes están al frente de esos cargos”.
El también ex presidente del mismo colegio, Victoriano Sánchez Carbajal, por su lado expuso que la Comisión Técnica y la autorización de un aumento a las tarifas del transporte público “se realiza con plena autorización del gobierno del Estado de Guerrero, porque jerárquicamente está supeditada a la Secretaría General de Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 10 del ordenamiento legal”.
Abundó que “la participación ciudadana en el ámbito del transporte público resulta ser una falacia, toda vez que si bien la ley comprende un capítulo en relación a ello, también lo es que de su contenido única y exclusivamente se toma en consideración a las asociaciones de transportistas, más no a ninguna organización de la sociedad civil, mucho menos a los órganos colegiados de profesionistas, lo que debe ser tomado en cuenta por el Congreso del Estado para hacer modificaciones legislativas ya”.