Mientras abogados de varios colegios le señalaron que la amnistía promovida por el ejecutivo es populista, demagógica y beneficiará a delincuentes que han afectado con su vandalismo a terceras personas y a la economía del estado, el secretario de Gobierno salió al paso y sostuvo que no serán liberados quienes hayan cometido delitos graves porque habrá una comisión conformada por varias representaciones para determinar los que se podrán acogerse a este beneficio.
Así transcurrió ayer la sesión sabatina de la Barra de Acapulco Colegio de Abogados, a la que asistió como invitado el secretario David Cienfuegos Salgado, precisamente para hablar sobre esta iniciativa, misma que fue criticada por los profesionistas Alfredo Pérez Zárate, Ulises Flores y Martín Castañeda, entre otros, quienes coincidieron en que realmente no hay presos considerados como perseguidos políticos en la entidad, ya que tanto Nestora Salgado como Gonzalo Molina y Arturo Campos, entre otros por los que algunos grupos sociales reclaman su libertad, cometieron varios delitos del orden común y federal.
“Esta ley primeramente no va a beneficiar a ningún servidor público (o ex funcionario) que se encuentre procesado penalmente, además de que quedarán excluidos quienes hayan cometido delitos que por su gravedad no les permita acogerse a sus beneficios, y tercera que no habrá incertidumbre porque se integrará un cuerpo colegiado con órganos del gobierno y organizaciones sociales que harán la criba para los beneficiados”, externó David Cienfuegos.
Antes, Pérez Zárate, quien preside el Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, señaló que la iniciativa es “populista y demagógica, porque no se trata de resolverle problemas al próximo gobierno, para que no se afecte la paz social y la gobernabilidad, cuando ésta se encuentra ya afectada con la presencia de más de 20 mil hombres armados que participan en grupos de autodefensa y policías comunitarias que no han sido encauzadas constitucionalmente”.
Criticó “la actitud pasiva y excesiva tolerancia del gobierno para actuar contra los grupos que agravian, bloquean, que cometen actos vandálicos y afectan la economía del estado, lo que genera ingobernabilidad, se atropellan derechos humanos de terceras personas, y ahora quieren amnistiarlos como una solución política inmediata, pero qué va a pasar con la sociedad agraviada, entonces aquí que cada quien haga lo que quiera y no pasa nada, porque si los detienen dicen que hay represión y les violan sus derechos”.
Por su lado, Ulises Flores anotó que quienes participan en estas m movilizaciones “se tapan el rostro para cometer delitos”, en tanto que Martín Castañeda puntualizó que los movimientos sociales “se han convertido en un negocio, porque luego los subsidian, les pagan para que no radicalicen sus manifestaciones, además en Guerrero no hay presos políticos”.