 |
| Foto: El Universal |
Por Arturo Parra Ochoa
Acapulco sigue vetado por gobiernos y agencias turísticas de Norteamérica y Europa, debido al aumento de la violencia e inseguridad que si bien es cierto y salvo contadas excepciones no ataca directamente a los turistas, porque más bien las víctimas tienen alguna relación con los grupos delincuenciales que se disputan la plaza, aunque en algunos hechos resultan víctimas personas ajenas a los mismos.
Mucho se ha especulado acerca de que la estrategia gubernamental es dividir a las grandes bandas del crimen organizado para poder controlar a los pequeños grupos resultantes, pero que habrá que soportar el resultado de las guerras intestinas con una violencia desencadenada en los lugares más estratégicos para ellos, como es el caso de Acapulco, donde no han tenido resultados favorables los diversos planes de seguridad que se han diseñado y puesto en marcha durante los gobiernos federales panistas, incluyendo el llamado “México Seguro”.
El pasado 30 de enero hubo elecciones para gobernador del estado y en ese contexto fue signado un protocolo de seguridad entre el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, para garantizar la tranquilidad en el proceso electoral, con la participación del “Grupo Coordinación Guerrero”, conformado por autoridades de los tres niveles de gobierno responsables de elaborar un plan con las estrategias en todas sus etapas, que establecieran las condiciones óptimas en que los guerrerenses pudieran transitar en una jornada comicial con orden y en libertad.
Para la ciudadanía y el gobierno el resultado fue relativamente favorable, tanto que muchas voces porteñas consideran debe mantenerse dicho protocolo, en el que participaron entre 8 mil y 12 mil efectivos militares, policías federales, estatales y municipales, para evitar más hechos violentos que han dañado la imagen de este destino turístico, ubicándolo en la lista de las ciudades más peligrosas del mundo, a donde no se debe viajar.
La petición es que el gobierno federal mantenga sus fuerzas y estrategias de seguridad implementadas para la jornada electoral, y no deje solos a los gobiernos estatal y municipales, tomando en cuenta la crítica que hizo Alejandro Poiré, vocero sobre temas de seguridad, quien culpó a las autoridades locales por su “inacción” frente a la violencia del crimen organizado, acusación que por cierto fue rechazada por funcionarios estatales y municipales.
En un reciente boletín Hosteltur (Comunicación para el turismo del futuro), la semana pasada dio cuenta de que debido al alarmante aumento de la violencia e inseguridad en las calles de Acapulco, las agencias y turoperadores de Estados Unidos y Canadá retiraron de sus programaciones este destino de playa, y ya recomiendan en su lugar los balnearios de Oaxaca, Chiapas y Yucatán, que consideran están más seguros.
Y no es el único caso en México, añade el comunicado, ya que algunas compañías de cruceros cancelaron escalas en el puerto mexicano de Mazatlán, también en el Pacífico, y otras están considerando la misma medida por motivos de seguridad, si bien en este caso se están extremando las medidas de seguridad por parte de las autoridades. Por su parte, el centro turístico caribeño de Cancún, primer destino mexicano, y el noroccidental Puerto Vallarta, no se ven afectados por esas situaciones de inseguridad, y la actividad discurre con total normalidad.
Así las cosas, Fernando Vargas Lozano, presidente local de la Confederación Patronal Mexicana, señala que la posición de Coparmex Acapulco es la exigencia de que exista una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el fin de proporcionarle a la ciudadanía un ambiente de paz y tranquilidad.
“Creemos –subrayó el empresario porteño- que el protocolo que firmaron previo a las elecciones se debe de mantener con el fin de que se cree un ambiente propicio para el desarrollo social y económico regional, y más en Acapulco que dependemos del turismo.
“También consideramos –añadió- que es un buen momento para que se cierre la pinza y no todo dependa del poder Ejecutivo, por lo que el Legislativo local debe modernizar las leyes en procuración de justicia, y a nivel federal el Congreso aprobar las reformas estructurales urgentes como la Laboral, Seguridad, Energética y Fiscal, entre otras, con el fin de atender el problema de seguridad desde una perspectiva social y no únicamente policiaco.
“Y finalmente que el Poder Judicial asuma una participación más activa, con el fin de evitar al máximo la impunidad, la cual junto con la corrupción son los factores de origen que tienen a México en las condiciones que actualmente se encuentran”, remarcó Vargas Lozano.
En “El Palenque”, foro de debate y opinión sobre temas de coyuntura que planteó la cuestión “¿Es Acapulco recuperable?”, Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), opinó al respecto:
“Es evidente que estamos en presencia de una disputa por la plaza y en tanto eso no lo definan los mismos capos seguiremos presenciando acontecimientos como los del fin de semana pasado (cuando se registró una serie de 30 ejecuciones). Lo peor de todo es que al final del día algún grupo se quedará con la plaza y, en consecuencia, ¿eso qué va a significar? ¿Qué va a hacer “la autoridad” del estado? ¿Qué se les va a dejar maniobrar libremente en el estado? ¿Qué una vez que algún grupo saque al otro ellos serán los que manden en Guerrero? Necesitamos garantizar en el país la paz, la seguridad y la tranquilidad en la que queremos vivir la mayoría de los mexicanos.”
Por su parte, Elia Baltazar, directora del Programa de Libertad de Expresión de Cepet (Centro de Periodismo y Ética Pública) y cofundadora de “Periodistas de Pie”, expuso lo siguiente:
“Hasta ahora Acapulco había sido, por decirlo de alguna manera, una burbuja —blindada por la inversión hotelera, inmobiliaria y su carácter de destino turístico— en un estado que hace décadas está marcado por la violencia (guerra sucia, Aguas Blancas, desaparecidos de Atoyac). Hasta ahora, sin embargo, la opinión pública vuelve los ojos… Pero no al estado, sino al puerto, el destino de vacaciones de miles de mexicanos y extranjeros, donde tienen su casa de fin de semana artistas, políticos, empresarios.
“Su condición de privilegio –agregó- no podía durar mucho. Desde años que las organizaciones sociales denuncian el cultivo de plantas que sirven para la elaboración de drogas y cómo el narco ha sometido a comunidades completas al trabajo en esos campos de Guerrero y amenazado a defensores de derechos humanos. Otros periodistas también habían documentado el turismo sexual en el puerto, que ha hecho presa especialmente a los niños de ese puerto.
“Y no hace falta una mirada de investigador para comprobar el abandono urbano de un Acapulco dividido, donde los mejores servicios urbanos se reservan para las zonas hoteleras, donde no ha habido control de la degradación ambiental, donde las diferencias sociales están a la vista… ¿Recuperar Acapulco sin recuperar Guerrero todo, sin cubrir la deuda histórica que pesa sobre ese estado y sus ciudadanos, sin curar la pobreza y rezago social? Dejo la pregunta al aire… Seguramente mi respuesta la adivinan…”, abundó Elia Baltazar.
A su vez, Javier Garza Ramos, director editorial de El Siglo de Torreón, considera que “preguntar si Acapulco es recuperable es igual a preguntar si Ciudad Juárez lo es, o si la franja fronteriza de Tamaulipas o La Laguna lo son.”
“El problema –continúa Garza- es imponer la ley sobre los territorios estratégicos que pelean los cárteles. La diferencia entre Acapulco y otras ciudades es la importancia económica para la captación de divisas y el hecho de que la ciudad es uno de los soportes publicitarios de México en el extranjero, de manera que la percepción de temor en esa zona turística se tendría un impacto en cualquiera que busque viajar a otros destinos turísticos.
“Creo que sólo así se explica por qué hubo para Acapulco una reacción más rápida del gobierno que la que hubo ante atrocidades cometidas en Juárez, Tamaulipas o Torreón. El debate sobre la responsabilidad de los gobiernos locales, su apatía y corrupción frente a la delincuencia no debe darse sólo con respecto a Acapulco sino también a muchas otras ciudades del país con el mismo problema y que son bombas que ya estallaron o pueden hacerlo en cualquier momento.”, concluye el director editorial de El Siglo de Torreón.