Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 10 de marzo de 2009.- El Movimiento Social de Izquierda denunció que más de 200 mil campesinos de Guerrero no recibirán ni un beneficio del gobierno federal, ya que los únicos 33 millones de pesos destinados para apoyar al campo de esta entidad, “se los repartieron” desde el mes de febrero entre 25 mil productores de mediana y alta productividad, dejando a los más necesitados en el abandono.
“Con estas condiciones, miles de campesinos guerrerenses se verán obligados a entregar sus tierras, como ya ocurre en las regiones de la Costa Chica y La Montaña, al no haber ninguna alternativa para poder sembrar sus tierras, ni posibilidad alguna de trabajar en los estados del norte del país, o en los Estados Unidos, por la recesión económica. Esto se constituye en la política del embudo; lo más ancho para los que están arriba, y lo más angosto para los de abajo”, expuso Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, dirigente del MSI.
En conferencia de prensa, acompañado de otros dirigentes de la izquierda de los municipios de Chilapa y Ahuacotzingo, hizo un llamado “a todas las fuerzas y organizaciones sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles y populares comprometidos con las causas del pueblo”, a participar en los foros y movilizaciones que iniciarán a partir del día 15 de marzo, en las instalaciones del Fidepal (Fideicomiso de la Palma) precisamente en Chilapa.
Bajo la coordinación de Javier Bautista de la Paz, quien dirige una organización de productores de maíz, con 275 mil productores guerrerenses afiliados, se llevará a cabo el foro “¿Existe en Guerrero un gobierno democrático?”, con la participación de más de 600 personas, a partir del cual se pretende implementar un plan de acción estatal.
Ranferi Hernández señaló que en esta entidad se ha tratado de criminalizar la lucha social, por parte de los tres niveles de gobierno, “y por eso estamos alzando la voz, porque vamos a emprender jornadas estatales de lucha, que nos llevarán a movilizarnos en Chilpancingo, en Acapulco y en otras ciudades de la entidad, para rechazar esa política que golpea incluso a los más pobres”, recalcó.
Abundó que a las clases más desprotegidas el gobierno le sigue dando golpes, como el permitir que el kilogramo de tortilla se venda ahora a 12:50 pesos, y que la cuota para el pago del fertilizante se incremente perjudicando a los campesinos que realmente producen, además de la militarización y la persecución de los luchadores sociales.
“Con estas condiciones, miles de campesinos guerrerenses se verán obligados a entregar sus tierras, como ya ocurre en las regiones de la Costa Chica y La Montaña, al no haber ninguna alternativa para poder sembrar sus tierras, ni posibilidad alguna de trabajar en los estados del norte del país, o en los Estados Unidos, por la recesión económica. Esto se constituye en la política del embudo; lo más ancho para los que están arriba, y lo más angosto para los de abajo”, expuso Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, dirigente del MSI.
En conferencia de prensa, acompañado de otros dirigentes de la izquierda de los municipios de Chilapa y Ahuacotzingo, hizo un llamado “a todas las fuerzas y organizaciones sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles y populares comprometidos con las causas del pueblo”, a participar en los foros y movilizaciones que iniciarán a partir del día 15 de marzo, en las instalaciones del Fidepal (Fideicomiso de la Palma) precisamente en Chilapa.
Bajo la coordinación de Javier Bautista de la Paz, quien dirige una organización de productores de maíz, con 275 mil productores guerrerenses afiliados, se llevará a cabo el foro “¿Existe en Guerrero un gobierno democrático?”, con la participación de más de 600 personas, a partir del cual se pretende implementar un plan de acción estatal.
Ranferi Hernández señaló que en esta entidad se ha tratado de criminalizar la lucha social, por parte de los tres niveles de gobierno, “y por eso estamos alzando la voz, porque vamos a emprender jornadas estatales de lucha, que nos llevarán a movilizarnos en Chilpancingo, en Acapulco y en otras ciudades de la entidad, para rechazar esa política que golpea incluso a los más pobres”, recalcó.
Abundó que a las clases más desprotegidas el gobierno le sigue dando golpes, como el permitir que el kilogramo de tortilla se venda ahora a 12:50 pesos, y que la cuota para el pago del fertilizante se incremente perjudicando a los campesinos que realmente producen, además de la militarización y la persecución de los luchadores sociales.