Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 10 de marzo de 2009.- Ejidatarios de El Cayaco denunciaron que por el contubernio que existe entre el juez segundo civil, Ausencio Díaz Lorenzano, y un grupo de abogados del estado de Morelos, con quienes tienen entablado un juicio, están detenidas las obras de ampliación de la carretera federal Acapulco-Huatulco, y del distribuidor vial que se proyecta construir a la altura de su comunidad, ya que no les han pagado la indemnización por la afectación de 20 hectáreas.
Ayer en conferencia de prensa, el expresidente del comisariado ejidal, Alberto Avila González; el presidente del consejo de vigilancia, Tomás Avila Gómez; la familia Palma y el abogado Víctor Gutiérrez, recordaron que el día ocho de enero del año pasado se inició el juicio civil con número 58-1/2008, pero señalaron que se trata de un asunto agrario, promovido por los abogados “gestores” que remarcaron los sorprendieron y los estafaron, de nombres Quintín Manrique y Ricardo Contreras.
“Supuestamente nos iban a hacer dos gestorías, desde antes que saliera de presidente de la república Vicente Fox Quezada, para el pago de las indemnizaciones por la construcción del distribuir vial y de la ampliación de la carretera a la altura de El Cayaco, pero como perdieron el primer juicio que era por 40 millones de pesos, decidimos no continuar con ellos y entonces nos demandaron por la vía civil, cuando este asunto es agrario y es del fuero federal”, precisó Alberto Avila.
Para tal efecto, aseguran que los abogados de Cuernavaca “pactaron con el juez civil Ausencio Díaz, quien se prestó a la complicidad para actuar de manera parcial en el juicio, argumentando que todo lo podía porque es amigo y hasta compadre del gobernador del estado, sintiéndose poderoso e inamovible, y nos dicta una medida de apremio por esa expropiación que estábamos nosotros gestionando, y nos la detiene, tratando de obligarnos a negociar con quienes nos defraudaron”.
Avila González añadió que no solamente les detienen la gestión del pago por la cesión de sus tierras, sino que también detienen las obras viales ya mencionadas, perjudicando a cientos de familias que utilizan aquellas vialidades de la periferia de la ciudad, “porque el distribuidor vial no se va a hacer completo, y la carretera a Huatulco está detenida en El Cayaco porque no nos han pagado. Aquí la ley nos protege y por eso está todo detenido, por la corrupción que impera en el Juzgado Segundo Civil”.
El abogado de los ejidatarios, Víctor Gutiérrez, apuntó que este caso no tiene porqué ventilarse a través de un juicio civil, ya que se trata de un asunto netamente agrario, por lo cual piden al gobernador del estado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón, “que revisen la actitud de este juez, que deja mucho que desear y enloda la imagen de la institución; no solamente vamos a pedir que lo cambien, sino que lo corran, que lo inhabiliten porque causa mucho daño a la justicia de Guerrero; a nosotros nos tiene secuestrados nuestros intereses”, aseveró Alberto Avila.
Ayer en conferencia de prensa, el expresidente del comisariado ejidal, Alberto Avila González; el presidente del consejo de vigilancia, Tomás Avila Gómez; la familia Palma y el abogado Víctor Gutiérrez, recordaron que el día ocho de enero del año pasado se inició el juicio civil con número 58-1/2008, pero señalaron que se trata de un asunto agrario, promovido por los abogados “gestores” que remarcaron los sorprendieron y los estafaron, de nombres Quintín Manrique y Ricardo Contreras.
“Supuestamente nos iban a hacer dos gestorías, desde antes que saliera de presidente de la república Vicente Fox Quezada, para el pago de las indemnizaciones por la construcción del distribuir vial y de la ampliación de la carretera a la altura de El Cayaco, pero como perdieron el primer juicio que era por 40 millones de pesos, decidimos no continuar con ellos y entonces nos demandaron por la vía civil, cuando este asunto es agrario y es del fuero federal”, precisó Alberto Avila.
Para tal efecto, aseguran que los abogados de Cuernavaca “pactaron con el juez civil Ausencio Díaz, quien se prestó a la complicidad para actuar de manera parcial en el juicio, argumentando que todo lo podía porque es amigo y hasta compadre del gobernador del estado, sintiéndose poderoso e inamovible, y nos dicta una medida de apremio por esa expropiación que estábamos nosotros gestionando, y nos la detiene, tratando de obligarnos a negociar con quienes nos defraudaron”.
Avila González añadió que no solamente les detienen la gestión del pago por la cesión de sus tierras, sino que también detienen las obras viales ya mencionadas, perjudicando a cientos de familias que utilizan aquellas vialidades de la periferia de la ciudad, “porque el distribuidor vial no se va a hacer completo, y la carretera a Huatulco está detenida en El Cayaco porque no nos han pagado. Aquí la ley nos protege y por eso está todo detenido, por la corrupción que impera en el Juzgado Segundo Civil”.
El abogado de los ejidatarios, Víctor Gutiérrez, apuntó que este caso no tiene porqué ventilarse a través de un juicio civil, ya que se trata de un asunto netamente agrario, por lo cual piden al gobernador del estado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón, “que revisen la actitud de este juez, que deja mucho que desear y enloda la imagen de la institución; no solamente vamos a pedir que lo cambien, sino que lo corran, que lo inhabiliten porque causa mucho daño a la justicia de Guerrero; a nosotros nos tiene secuestrados nuestros intereses”, aseveró Alberto Avila.