Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 20 de febrero de 2009.- El presidente de la Asociación de Propietarios del Fraccionamiento Bahías de Papanoa, Armando Cerda Wiggens, acusó a funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de proteger a corruptos, “de permitir una total impunidad en cuanto a los delitos ambientales que se cometan día con día en las costas de Guerrero”.
Pidió que el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, evalúe el trabajo realizado por el procurador del medio ambiente, Patricio Patrón Laviada, “quien a criterio del presidente de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Costa Grande, no cumple con sus obligaciones institucionales, al permitir y tolerar invasiones en zona federal, ecocidios y todas las violaciones marcadas en la Ley de Federal de Protección al Medio Ambiente”.
Cerda Wiggens, presidente de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Costa Grande y apoderado legal del Fraccionamiento Bahías de Papanoa, mencionó el caso que se refiere en el expediente PFPA/GRO/DQ/79/0084-06, donde desde el cinco de septiembre del 2006 se denunció la tala de más de 500 árboles y manglares de ese fraccionamiento ubicado en el municipio de Tecpan de Galeana, por parte “del cabecilla de una banda de despojadores, Miguel Chávez Guillén y otros, actualmente recluidos en el penal de Tecpan, por el delito de despojo en contra del propio Fraccionamiento Bahías de Papanoa”.
Así también, lo relativo al expediente PFPA/GRO/DQ/79/0147-07, que desde el 28 de febrero de 2008 se denunció la invasión de zona federal frente al fraccionamiento ya mencionado, por parte de Perfecto Cadena Flores, “y que a pesar de existir una resolución administrativa para que desaloje, y la multa correspondiente, la Profepa no actúa por ser un grupo interrelacionado con delitos contra la salud, y sus inspectores y funcionarios son sobornados”, aseguró el denunciante.
Igualmente, el caso del expediente PFPA/GRO/DQ/79/0288-8. de fecha 16 de de diciembre del 2008, donde se denuncia por invasión también a zona federal frente al Fraccionamiento Bahías de Papanoa, por parte de Alicia Vargas Flores, “quien hasta se da el lujo de hacer pozos para la extracción de agua, frente a las narices de los inspectores de la Profepa, quienes recientemente estuvieron con ambos invasores pero sólo para recibir su mochada, permitiendo que se cometan delitos federales en agravio de la sociedad que trabaja y paga sus impuestos”, remarcó Armando Cerda.
“Hemos señalado innumerables peticiones a todos los funcionarios de la Profepa, para que cumplan con la ley en la materia, especialmente al propio procurador Patrón Laviada y a su ineficiente directora de Quejas y Denuncias a nivel federal, Karla Isabel Acosta, quien solapa y tolera todo, por unos cuantos pesos, y no atiende las solicitudes y denuncias formales”, añadió el quejoso.
Pidió que el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, evalúe el trabajo realizado por el procurador del medio ambiente, Patricio Patrón Laviada, “quien a criterio del presidente de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Costa Grande, no cumple con sus obligaciones institucionales, al permitir y tolerar invasiones en zona federal, ecocidios y todas las violaciones marcadas en la Ley de Federal de Protección al Medio Ambiente”.
Cerda Wiggens, presidente de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Costa Grande y apoderado legal del Fraccionamiento Bahías de Papanoa, mencionó el caso que se refiere en el expediente PFPA/GRO/DQ/79/0084-06, donde desde el cinco de septiembre del 2006 se denunció la tala de más de 500 árboles y manglares de ese fraccionamiento ubicado en el municipio de Tecpan de Galeana, por parte “del cabecilla de una banda de despojadores, Miguel Chávez Guillén y otros, actualmente recluidos en el penal de Tecpan, por el delito de despojo en contra del propio Fraccionamiento Bahías de Papanoa”.
Así también, lo relativo al expediente PFPA/GRO/DQ/79/0147-07, que desde el 28 de febrero de 2008 se denunció la invasión de zona federal frente al fraccionamiento ya mencionado, por parte de Perfecto Cadena Flores, “y que a pesar de existir una resolución administrativa para que desaloje, y la multa correspondiente, la Profepa no actúa por ser un grupo interrelacionado con delitos contra la salud, y sus inspectores y funcionarios son sobornados”, aseguró el denunciante.
Igualmente, el caso del expediente PFPA/GRO/DQ/79/0288-8. de fecha 16 de de diciembre del 2008, donde se denuncia por invasión también a zona federal frente al Fraccionamiento Bahías de Papanoa, por parte de Alicia Vargas Flores, “quien hasta se da el lujo de hacer pozos para la extracción de agua, frente a las narices de los inspectores de la Profepa, quienes recientemente estuvieron con ambos invasores pero sólo para recibir su mochada, permitiendo que se cometan delitos federales en agravio de la sociedad que trabaja y paga sus impuestos”, remarcó Armando Cerda.
“Hemos señalado innumerables peticiones a todos los funcionarios de la Profepa, para que cumplan con la ley en la materia, especialmente al propio procurador Patrón Laviada y a su ineficiente directora de Quejas y Denuncias a nivel federal, Karla Isabel Acosta, quien solapa y tolera todo, por unos cuantos pesos, y no atiende las solicitudes y denuncias formales”, añadió el quejoso.