Arturo Parra Ochoa Acapulco, Gro., 23 de noviembre de 2008.- Habitantes de cinco vecindades de la calle Emiliano Zapata de la colonia Juan R. Escudero, se manifestaron ayer por la tarde en la vía pública para protestar por el fallo de una juez civil que los tiene con un pie en la calle.
En representación de los vecinos, Isaías Rodríguez Hernández señaló que el pasado viernes la juez cuarto en material civil, Gabriela Ramos bello, determinó el desalojo que prevén se dé el día lunes a primera hora, con lo que por lo menos 60 humildes familias serán sacadas con sus pertenencias a la calle.
A la una de la tarde, madres de familia, niños y personas discapacitadas que desde hace 20 años habitan como arrendatarios los inmuebles con techos de lámina de cartón, salieron de los cuartos de las vecindades para protestar sobre la calle Emiliano Zapata, con pancartas, en contra de la resolución de la jueza que los deja sin techo, aún y cuando se trata de ciudadanos que viven en condiciones de miseria.
Los inmuebles marcados con los números 151 y 152 datan del año 1949 y tenían como propietario original a Victoriano Sánchez Pineda, quien a su muerte nombró como heredero a su hijo, Sotero Sánchez Parra, también ya muerto.
De acuerdo con el líder vecinal Isaías Rodríguez, y al representante legal, Juan Carlos Rosales Dimas ahí presente, a la muerte de Sotero los hijos de éste, Guillermo y Apolinar Sánchez Jaimes, con argucias legales y falsificando firmas acreditaron la propiedad, lo que llevó a juicios de nulidad desde el 2002, y el pasado viernes la jueza Ramos Bello finalmente les reconoció y ordenó el desalojo vía desahucio.
Durante todo este tiempo, los habitantes de las vecindades no se han negado a pagar sus rentas; incluso acudieron ante el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) para ver la posibilidad de comprar los cuartos que habitan; sin embargo, relata Rodríguez Hernández, todas las instancias les han cerrado las puertas y ahora se encuentran en la indefensión jurídica.
Ayer, decenas de niños y mujeres de la tercera edad se apostaron en la carpeta asfáltica y las banquetas de la calle Emiliano Zapata, para pedir que la jueza reconsidere su fallo y sea analizado el expediente a detalle, porque aseguran está plagado de irregularidades y ellos no tienen a dónde ir.
“El viernes 21 de noviembre se emitió la orden de desalojo con la fuerza pública, nos dimos cuenta por que nuestro abogado baja a revisar los documentos y allá resulta que salió la orden de desalojo, no nos han dicho nada a nosotros”, señalaron los vecinos.
Asimismo, Isaías Hernández mostró documentos donde los hermanos Sánchez Jaimes fueron demandados por falsificar las firmas de 10 arrendatarios para comprobar que existían contratos y así poderlos sacar, sin embargo su demanda también fue desechada, “buscaron dos peritajes y nos negaron de todos modos el recurso que metimos, nos están negando las demandas, a unos nos entregaron el documento a otros no les entregaron nada para enterarnos del problema”, expresó.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Rosales Dimas señaló que ya ha habido dos intentos de desalojo con la fuerza pública que han impedido y se han defendido con recursos legales, sin embargo, por ser esta vez una resolución definitiva el desalojo es inminente, “la gente ya está decepcionada de las autoridades porque han actuado de manera parcial en este caso”, indicó.
Las 60 familias se han declarado en estado de alerta y aseguraron que no vana permitir que los actuarios consumen el desalojo y los echen a la calle.
En representación de los vecinos, Isaías Rodríguez Hernández señaló que el pasado viernes la juez cuarto en material civil, Gabriela Ramos bello, determinó el desalojo que prevén se dé el día lunes a primera hora, con lo que por lo menos 60 humildes familias serán sacadas con sus pertenencias a la calle.
A la una de la tarde, madres de familia, niños y personas discapacitadas que desde hace 20 años habitan como arrendatarios los inmuebles con techos de lámina de cartón, salieron de los cuartos de las vecindades para protestar sobre la calle Emiliano Zapata, con pancartas, en contra de la resolución de la jueza que los deja sin techo, aún y cuando se trata de ciudadanos que viven en condiciones de miseria.
Los inmuebles marcados con los números 151 y 152 datan del año 1949 y tenían como propietario original a Victoriano Sánchez Pineda, quien a su muerte nombró como heredero a su hijo, Sotero Sánchez Parra, también ya muerto.
De acuerdo con el líder vecinal Isaías Rodríguez, y al representante legal, Juan Carlos Rosales Dimas ahí presente, a la muerte de Sotero los hijos de éste, Guillermo y Apolinar Sánchez Jaimes, con argucias legales y falsificando firmas acreditaron la propiedad, lo que llevó a juicios de nulidad desde el 2002, y el pasado viernes la jueza Ramos Bello finalmente les reconoció y ordenó el desalojo vía desahucio.
Durante todo este tiempo, los habitantes de las vecindades no se han negado a pagar sus rentas; incluso acudieron ante el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) para ver la posibilidad de comprar los cuartos que habitan; sin embargo, relata Rodríguez Hernández, todas las instancias les han cerrado las puertas y ahora se encuentran en la indefensión jurídica.
Ayer, decenas de niños y mujeres de la tercera edad se apostaron en la carpeta asfáltica y las banquetas de la calle Emiliano Zapata, para pedir que la jueza reconsidere su fallo y sea analizado el expediente a detalle, porque aseguran está plagado de irregularidades y ellos no tienen a dónde ir.
“El viernes 21 de noviembre se emitió la orden de desalojo con la fuerza pública, nos dimos cuenta por que nuestro abogado baja a revisar los documentos y allá resulta que salió la orden de desalojo, no nos han dicho nada a nosotros”, señalaron los vecinos.
Asimismo, Isaías Hernández mostró documentos donde los hermanos Sánchez Jaimes fueron demandados por falsificar las firmas de 10 arrendatarios para comprobar que existían contratos y así poderlos sacar, sin embargo su demanda también fue desechada, “buscaron dos peritajes y nos negaron de todos modos el recurso que metimos, nos están negando las demandas, a unos nos entregaron el documento a otros no les entregaron nada para enterarnos del problema”, expresó.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Rosales Dimas señaló que ya ha habido dos intentos de desalojo con la fuerza pública que han impedido y se han defendido con recursos legales, sin embargo, por ser esta vez una resolución definitiva el desalojo es inminente, “la gente ya está decepcionada de las autoridades porque han actuado de manera parcial en este caso”, indicó.
Las 60 familias se han declarado en estado de alerta y aseguraron que no vana permitir que los actuarios consumen el desalojo y los echen a la calle.