Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 17 de octubre de 2008.- El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, Julio Carabias Icaza, aclaró al Cabildo de Acapulco que sí existe una licencia para la construcción de baños públicos en el área de playa frente a la entrada principal del parque Papagayo, por lo que exige su revocación y la clausura de esa obra.
“Igualmente exigimos a la federación, que no debió haber tomado como válida una constancia de uso de suelo que violaba la normatividad municipal, concretamente a la Semarnat, que revise bien esa constancia, porque le estamos dando los elementos para se dé cuenta que está irregular, y automáticamente la concesión que otorgaron debe quedar sin efecto”, agregó el diputado local.
Entrevistado en este puerto, el legislador del Partido Verde Ecologista declaró que las autorizaciones mostradas por los concesionarios de esos baños públicos violan las disposiciones de uso de suelo de esa zona, “destinadas para un uso de suelo que se denomina área verde espacio abierto, y nosotros hemos revisado detenidamente los reglamentos, hay un apartado muy particular que tácitamente prohíbe la instalación de baños públicos en zonas que son de área verde y espacios abiertos”, anotó.
Puntualizó que les extrañó “muchísimo que estos particulares hayan podido conseguir una licencia de construcción y una concesión, cuando el uso de suelo de los reglamentos municipales no lo permite.”
El Ayuntamiento, aseveró, debe reconocer que esa licencia no tiene sustento legal, “porque el uso de suelo establecido en el reglamento municipal no lo permite, y por lo tanto debe iniciar un procedimiento de revocación de la licencia y de clausura de la obra. Asimismo, la autoridad federal tomó como válido el uso de suelo, cuando no lo es, y ellos también deben considerar ese elemento para cancelar la concesión federal”, remarcó Carabias Icaza.
Luego indicó que “la propia omisión y los actos que están amparados por la misma autoridad, nos llevó a tener que establecer el plantón permanente, pero recuerden que en el Congreso hicimos algunas reformas al Código Penal, en esta y la anterior legislatura, de tal suerte que si un funcionario cambia el uso de suelo sin primero buscar la aprobación del Cabildo, ya está incurriendo en un delito, de acuerdo al Código Penal del estado de Guerrero.”
En ese sentido, apuntó que “sería lamentable que si no se atiende la solicitud de que se corrijan las cosas, sería lamentable que la propia autoridad nos obligue a levantar denuncias penales en contra de los funcionarios que hayan firmado permisos, autorizaciones, licencias y concesiones que contravengan las normas complementarias del Plan Desarrollo Urbano.”
“Igualmente exigimos a la federación, que no debió haber tomado como válida una constancia de uso de suelo que violaba la normatividad municipal, concretamente a la Semarnat, que revise bien esa constancia, porque le estamos dando los elementos para se dé cuenta que está irregular, y automáticamente la concesión que otorgaron debe quedar sin efecto”, agregó el diputado local.
Entrevistado en este puerto, el legislador del Partido Verde Ecologista declaró que las autorizaciones mostradas por los concesionarios de esos baños públicos violan las disposiciones de uso de suelo de esa zona, “destinadas para un uso de suelo que se denomina área verde espacio abierto, y nosotros hemos revisado detenidamente los reglamentos, hay un apartado muy particular que tácitamente prohíbe la instalación de baños públicos en zonas que son de área verde y espacios abiertos”, anotó.
Puntualizó que les extrañó “muchísimo que estos particulares hayan podido conseguir una licencia de construcción y una concesión, cuando el uso de suelo de los reglamentos municipales no lo permite.”
El Ayuntamiento, aseveró, debe reconocer que esa licencia no tiene sustento legal, “porque el uso de suelo establecido en el reglamento municipal no lo permite, y por lo tanto debe iniciar un procedimiento de revocación de la licencia y de clausura de la obra. Asimismo, la autoridad federal tomó como válido el uso de suelo, cuando no lo es, y ellos también deben considerar ese elemento para cancelar la concesión federal”, remarcó Carabias Icaza.
Luego indicó que “la propia omisión y los actos que están amparados por la misma autoridad, nos llevó a tener que establecer el plantón permanente, pero recuerden que en el Congreso hicimos algunas reformas al Código Penal, en esta y la anterior legislatura, de tal suerte que si un funcionario cambia el uso de suelo sin primero buscar la aprobación del Cabildo, ya está incurriendo en un delito, de acuerdo al Código Penal del estado de Guerrero.”
En ese sentido, apuntó que “sería lamentable que si no se atiende la solicitud de que se corrijan las cosas, sería lamentable que la propia autoridad nos obligue a levantar denuncias penales en contra de los funcionarios que hayan firmado permisos, autorizaciones, licencias y concesiones que contravengan las normas complementarias del Plan Desarrollo Urbano.”