Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 8 de abril de 2008.- Integrantes de la Asociación de Padres y Tutores por la Educación, quienes mostraron oficios con cientos de firmas de madres y padres de diferentes instituciones educativas, lanzaron un manifiesto dirigido a las autoridades educativas y al sindicato de maestros, para que dejen de proteger a los profesores involucrados en delitos del orden común, y que se les apliquen los procedimientos legales, incluyendo “a los que represionan, hostigan y acosan a nuestros hijos”.
Al mismo tiempo, manifestaron su respaldo hacia el presidente de la Asociación de Padres y Tutores por la Educación (APTE), Fernando Díaz Angeles, como representante de los paterfamilias de escuelas públicas y privadas, de todos los niveles educativos, ante las instancias gubernamentales.
Juan Marín Hernández, Vicente González Hernández, María Isabel Méndez Montejo, Teresa Cruz Ruiz, entre otros, señalaron que en Acapulco y en Guerrero los alumnos y sus padres “nos sentimos abandonados por el que se dice presidente oficial de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Javier Bello Torres), ya que a la fecha no ha solucionado ningún problema escolar y por el contrario se opone a la reforma de los reglamentos que limitan la actuación de los comités de padres de familia”.
Consignaron que “en todas las escuelas no se cumple con el horario y calendario escolar, se represionan, hostigan y acosan a nuestros hijos, se condiciona la educación y entrega de documentos, se lucra dentro de los salones de clases, los profesores no cumplen con su función educativa, pues se dedican a administrar cooperativas escolares y a otros asuntos distintos a la impartición de clases, entre otras anomalías que denigran y entorpecen el aprendizaje de nuestros hijos”.
Exigieron que las autoridades educativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dejen de proteger a los maestros que resultan involucrados en delitos del orden común, a quienes deben iniciarles procesos administrativos “y darlos de baja, no nada más cambiarlos de adscripción, porque eso no resuelve los problemas”.
Citaron muchos casos, como el de pornografía infantil en la escuela Secundaria Técnica número 117 del fraccionamiento Simón Bolívar, el de la Secundaria Técnica número 5 del crucero de El Cayaco, y el más reciente de la escuela primaria “Ignacio López Rayón”, donde un profesor de educación física fue denunciado por violación de una niña de seis años de edad, “al que deben meter a la cárcel y dejar de interponerse como lo han hecho los maestros, directores y supervisores”.
Al mismo tiempo, manifestaron su respaldo hacia el presidente de la Asociación de Padres y Tutores por la Educación (APTE), Fernando Díaz Angeles, como representante de los paterfamilias de escuelas públicas y privadas, de todos los niveles educativos, ante las instancias gubernamentales.
Juan Marín Hernández, Vicente González Hernández, María Isabel Méndez Montejo, Teresa Cruz Ruiz, entre otros, señalaron que en Acapulco y en Guerrero los alumnos y sus padres “nos sentimos abandonados por el que se dice presidente oficial de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Javier Bello Torres), ya que a la fecha no ha solucionado ningún problema escolar y por el contrario se opone a la reforma de los reglamentos que limitan la actuación de los comités de padres de familia”.
Consignaron que “en todas las escuelas no se cumple con el horario y calendario escolar, se represionan, hostigan y acosan a nuestros hijos, se condiciona la educación y entrega de documentos, se lucra dentro de los salones de clases, los profesores no cumplen con su función educativa, pues se dedican a administrar cooperativas escolares y a otros asuntos distintos a la impartición de clases, entre otras anomalías que denigran y entorpecen el aprendizaje de nuestros hijos”.
Exigieron que las autoridades educativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dejen de proteger a los maestros que resultan involucrados en delitos del orden común, a quienes deben iniciarles procesos administrativos “y darlos de baja, no nada más cambiarlos de adscripción, porque eso no resuelve los problemas”.
Citaron muchos casos, como el de pornografía infantil en la escuela Secundaria Técnica número 117 del fraccionamiento Simón Bolívar, el de la Secundaria Técnica número 5 del crucero de El Cayaco, y el más reciente de la escuela primaria “Ignacio López Rayón”, donde un profesor de educación física fue denunciado por violación de una niña de seis años de edad, “al que deben meter a la cárcel y dejar de interponerse como lo han hecho los maestros, directores y supervisores”.