Arturo Parra Ochoa
Acapulco Gro., 18 de abril de 2008.- Catedráticos de la UNAM, UAG y abogados del Partido del Trabajo, analizaron la reforma judicial en un foro universitario donde concluyeron que ésta solamente beneficiará “a unos cuantos y no a las mayorías”, por lo que hicieron un llamado al Congreso del Estado a no sumarse a la aprobación que se busca a nivel nacional para que se pongan en práctica esas modificaciones legislativas.
Los especialistas en Derecho, entre ellos Daniel Santos González, Leobardo Alcántara Martínez, Angel Ascencio Romero, Alfredo Campaña López, Jesús Díaz Jaimes y José Luis Aparicio López, participaron en este foro efectuado en la unidad académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, convocados por el grupo 401.
Coincidieron en que algunas de esas reformas “pretenden detener el avance del movimiento popular en las calles”, que solamente se trata de “una mala copia del sistema judicial de los Estados Unidos”, como el caso de los testigos protegidos, y explicaron temas como el del proceso inquisitivo que ahora pasa a ser proceso acusatorio; la sustitución del proceso escrito por el oral; los jueces de control, que podrán resolver de inmediato; el que ya no se habla de acusado, sino de imputado; y el cambio de auto de formal prisión por el de auto de vinculación al proceso, entre otros.
“Es una reforma judicial que a consideración del PT, del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de académicos y juristas prestigiados, viene a perjudicar y eliminar garantías sociales, viene a crear un régimen de excepción”, externó Santos González.
Especificó que ahora se establece un régimen especial “para todos aquellos ciudadanos que sean considerados como delincuentes organizados, dos o más personas que se reúnan para delinquir, y que no van a tener determinadas garantías sociales, que podrán ser arraigados hasta por 80 días, se les impedirá cualquier comunicación con familiares y amigos, únicamente con sus abogados, y esto era innecesario toda vez que hay una ley federal de delincuencia organizada, que ya preveía la situación para ese tipo de delincuentes”.
La reforma judicial, recordó el especialista, fue aprobada en el Congreso de la Unión el 26 de febrero por los diputados y el 28 de febrero por los senadores, “pero la misma Constitución obliga a que dos terceras partes de las legislaturas estatales tengan que aprobar dicha, y ahorita está en discusión en los congresos locales, todavía no se aprueba porque no han logrado las dos terceras partes de la aprobación de esos congresos, y pues aún no puede considerarse esa ley como tal”.
Los especialistas en Derecho, entre ellos Daniel Santos González, Leobardo Alcántara Martínez, Angel Ascencio Romero, Alfredo Campaña López, Jesús Díaz Jaimes y José Luis Aparicio López, participaron en este foro efectuado en la unidad académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, convocados por el grupo 401.
Coincidieron en que algunas de esas reformas “pretenden detener el avance del movimiento popular en las calles”, que solamente se trata de “una mala copia del sistema judicial de los Estados Unidos”, como el caso de los testigos protegidos, y explicaron temas como el del proceso inquisitivo que ahora pasa a ser proceso acusatorio; la sustitución del proceso escrito por el oral; los jueces de control, que podrán resolver de inmediato; el que ya no se habla de acusado, sino de imputado; y el cambio de auto de formal prisión por el de auto de vinculación al proceso, entre otros.
“Es una reforma judicial que a consideración del PT, del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de académicos y juristas prestigiados, viene a perjudicar y eliminar garantías sociales, viene a crear un régimen de excepción”, externó Santos González.
Especificó que ahora se establece un régimen especial “para todos aquellos ciudadanos que sean considerados como delincuentes organizados, dos o más personas que se reúnan para delinquir, y que no van a tener determinadas garantías sociales, que podrán ser arraigados hasta por 80 días, se les impedirá cualquier comunicación con familiares y amigos, únicamente con sus abogados, y esto era innecesario toda vez que hay una ley federal de delincuencia organizada, que ya preveía la situación para ese tipo de delincuentes”.
La reforma judicial, recordó el especialista, fue aprobada en el Congreso de la Unión el 26 de febrero por los diputados y el 28 de febrero por los senadores, “pero la misma Constitución obliga a que dos terceras partes de las legislaturas estatales tengan que aprobar dicha, y ahorita está en discusión en los congresos locales, todavía no se aprueba porque no han logrado las dos terceras partes de la aprobación de esos congresos, y pues aún no puede considerarse esa ley como tal”.