Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 6 de abril de 2008.- Con una excitativa de justicia, de que se acate la recomendación de la CNDH y de que sea creada una fiscalía especial para la investigación del caso, el senador Luis Walton, el diputado Fermín Alvarado y el representante de la Coddehum, Adelaido Memije, coincidieron en que falta profundizar en las indagatorias sobre el asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes, a un año de su muerte.
Para Walton Aburto, es lamentable que a un año de este crimen las investigaciones no han sido terminadas ni arrojan resultados favorables, “realmente absolutamente nada, un detenido que tal parece no se le ha comprobado nada, eso es todo lo que hay, pero ya el gobernador del estado dijo que acatará la recomendación de la CNDH, para agotar todas las líneas de investigación, y esperamos que se cumpla”.
Entrevistado en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad, donde se ofició ayer una misa en memoria del corresponsal de Televisa muerto hace un año, el legislador federal dijo que en Guerrero y en México no está garantizado el ejercicio de los periodistas “ni de nadie, pero no nos podemos apartar de que vivimos en una situación de inseguridad en toda la república”, apuntó.
Por su parte, en el mismo lugar fue abordado el diputado local Fermín Alvarado Arroyo, quien acusó a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero de actuar en la ilegalidad, debido a que a un año del asesinado de Amado Ramírez no ha dado cumplimiento a lo que establece la ley que crea el Fondo de Apoyo a los Periodistas, en el sentido de que cuando ocurra el asesinato de un periodista debe conformarse una fiscalía especializada, con recursos financieros, humanos, técnicos y profesionales, para desarrollar las investigaciones.
Alvarado Arroyo reiteró que a un año de la muerte del periodista, la Procuraduría de Justicia del estado ha violado la ley en ese aspecto, por lo que solicitó al gobierno del estado que se respete y cumpla lo que establece la legislación en materia de fomento y apoyo a los periodistas de Guerrero.
El diputado presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, agregó que las autoridades estatales, en coadyuvancia con el Congreso, deben dotar de los recursos presupuestales, técnicos, materiales y humanos, “para realizar una investigación profesional y no una indagatoria mal hecha, como las que ha realizado el procurador Eduardo Murueta Urrutia”, indicó.
Dijo que coincide plenamente con los cuestionamientos hechos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Procuraduría guerrerense, “por la endeble, irregular, incompetente e ineficiente investigación del caso Ramírez Dillanes.”
También habló el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del estado, Adelaido Memije Martínez, quien declaró que en Guerrero el ejercicio periodístico sigue siendo un trabajo riesgo, por la vulnerabilidad que tienen todos quienes cumplen esa misión, “por eso hemos creado un programa para atender los agravios en contra de los periodistas, que en el presente año lleva ya radicadas tres quejas, con un total de 76 agresiones desde el año 2000 a la fecha, la mayoría por amenazas e intimidación de diferentes autoridades, sobre todo de la Procuraduría de Justicia del Estado”, subrayó el encargado del programa de agravios a periodistas y defensores sociales.
Para Walton Aburto, es lamentable que a un año de este crimen las investigaciones no han sido terminadas ni arrojan resultados favorables, “realmente absolutamente nada, un detenido que tal parece no se le ha comprobado nada, eso es todo lo que hay, pero ya el gobernador del estado dijo que acatará la recomendación de la CNDH, para agotar todas las líneas de investigación, y esperamos que se cumpla”.
Entrevistado en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad, donde se ofició ayer una misa en memoria del corresponsal de Televisa muerto hace un año, el legislador federal dijo que en Guerrero y en México no está garantizado el ejercicio de los periodistas “ni de nadie, pero no nos podemos apartar de que vivimos en una situación de inseguridad en toda la república”, apuntó.
Por su parte, en el mismo lugar fue abordado el diputado local Fermín Alvarado Arroyo, quien acusó a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero de actuar en la ilegalidad, debido a que a un año del asesinado de Amado Ramírez no ha dado cumplimiento a lo que establece la ley que crea el Fondo de Apoyo a los Periodistas, en el sentido de que cuando ocurra el asesinato de un periodista debe conformarse una fiscalía especializada, con recursos financieros, humanos, técnicos y profesionales, para desarrollar las investigaciones.
Alvarado Arroyo reiteró que a un año de la muerte del periodista, la Procuraduría de Justicia del estado ha violado la ley en ese aspecto, por lo que solicitó al gobierno del estado que se respete y cumpla lo que establece la legislación en materia de fomento y apoyo a los periodistas de Guerrero.
El diputado presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, agregó que las autoridades estatales, en coadyuvancia con el Congreso, deben dotar de los recursos presupuestales, técnicos, materiales y humanos, “para realizar una investigación profesional y no una indagatoria mal hecha, como las que ha realizado el procurador Eduardo Murueta Urrutia”, indicó.
Dijo que coincide plenamente con los cuestionamientos hechos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Procuraduría guerrerense, “por la endeble, irregular, incompetente e ineficiente investigación del caso Ramírez Dillanes.”
También habló el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del estado, Adelaido Memije Martínez, quien declaró que en Guerrero el ejercicio periodístico sigue siendo un trabajo riesgo, por la vulnerabilidad que tienen todos quienes cumplen esa misión, “por eso hemos creado un programa para atender los agravios en contra de los periodistas, que en el presente año lleva ya radicadas tres quejas, con un total de 76 agresiones desde el año 2000 a la fecha, la mayoría por amenazas e intimidación de diferentes autoridades, sobre todo de la Procuraduría de Justicia del Estado”, subrayó el encargado del programa de agravios a periodistas y defensores sociales.