Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 17 de febrero de 2008.- Integrantes de organismos no gubernamentales realizaron en el zócalo acapulqueño su V Juicio Popular Nacional, donde leyeron un edicto mediante el cual fueron enjuiciados los gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros.
Señalaron que 650 personas desaparecieron entre las décadas de los 80s y 90s, y de diciembre del 2006 al 2008 se reportaron en la entidad 107 desaparecidos de manera forzada.
Abordaron los temas de la Normal de Ayotzinapa, La Parota, el caso del periodista Amado Ramírez, del diputado panista Jorge Bajos Valverde y la muerte de otros tres periodistas guerrerenses, los cuales recalcaron que han quedado impunes.
De esta manera concluyó en este puerto el Quinto Juicio Popular Nacional, convocado por 38 organizaciones, donde se recibieron las denuncias y testimonios de los crímenes de los cuales la gente acusó a ex gobernadores priístas, de la desaparición forzada, torturas, secuestros, masacres y otras violaciones a los derechos humanos.
Señalaron que el estado de Guerrero ocupa uno de los cinco primeros lugares en violaciones a los derechos humanos; el primer lugar nacional en desaparición forzada de personas, mientras que Jalisco ocupa el primer lugar en cuanto a tortura, lo cual es una situación grave.
Acusaron al gobierno del estado de estar apoyando el proyecto hidroeléctrico de La Parota, a la minera de Mezcala y Xochipala, y de no acatar las recomendaciones que emiten las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, sobre los hechos de tortura de los acusados de los homicidios del caso Amado Ramírez y Jorge Bajos; también se le acusó del problema que existe en materia educativa, como el conflicto de la Normal de Ayotzinapa.
Por el Tribunal Popular estuvieron Juan de Dios Hernández Monge, que ha sido parte de este tribunal en los diferentes juicios que se han llevado a cabo en el Distrito Federal, en Atenco y Guadalajara; el ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz; en el presidium, formado por Sonia Fuentevilla López, de la APPO; Adrián Ramírez López, de la Limmed; Carlos Sepúlveda Luna, del Centro de Derechos Humanos de la Coordinadora 28 de Mayo, A. C., de Jalisco; y las ex diputadas locales Rosario Merlín García y Adela Román Ocampo, ex presidenta de la Barra de Abogados.
Señalaron que 650 personas desaparecieron entre las décadas de los 80s y 90s, y de diciembre del 2006 al 2008 se reportaron en la entidad 107 desaparecidos de manera forzada.
Abordaron los temas de la Normal de Ayotzinapa, La Parota, el caso del periodista Amado Ramírez, del diputado panista Jorge Bajos Valverde y la muerte de otros tres periodistas guerrerenses, los cuales recalcaron que han quedado impunes.
De esta manera concluyó en este puerto el Quinto Juicio Popular Nacional, convocado por 38 organizaciones, donde se recibieron las denuncias y testimonios de los crímenes de los cuales la gente acusó a ex gobernadores priístas, de la desaparición forzada, torturas, secuestros, masacres y otras violaciones a los derechos humanos.
Señalaron que el estado de Guerrero ocupa uno de los cinco primeros lugares en violaciones a los derechos humanos; el primer lugar nacional en desaparición forzada de personas, mientras que Jalisco ocupa el primer lugar en cuanto a tortura, lo cual es una situación grave.
Acusaron al gobierno del estado de estar apoyando el proyecto hidroeléctrico de La Parota, a la minera de Mezcala y Xochipala, y de no acatar las recomendaciones que emiten las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, sobre los hechos de tortura de los acusados de los homicidios del caso Amado Ramírez y Jorge Bajos; también se le acusó del problema que existe en materia educativa, como el conflicto de la Normal de Ayotzinapa.
Por el Tribunal Popular estuvieron Juan de Dios Hernández Monge, que ha sido parte de este tribunal en los diferentes juicios que se han llevado a cabo en el Distrito Federal, en Atenco y Guadalajara; el ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz; en el presidium, formado por Sonia Fuentevilla López, de la APPO; Adrián Ramírez López, de la Limmed; Carlos Sepúlveda Luna, del Centro de Derechos Humanos de la Coordinadora 28 de Mayo, A. C., de Jalisco; y las ex diputadas locales Rosario Merlín García y Adela Román Ocampo, ex presidenta de la Barra de Abogados.