Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 27 de enero de 2008.- El narcotráfico y el crimen organizado no solamente han roto el tejido social y amenazan la seguridad nacional, sino que ahora van tras el poder político y existe el riesgo de que se infiltren en los procesos electorales, alertó el arzobispo Felipe Aguirre Franco.
Al hacer esta “advertencia a tiempo, de que ocurra lo que ha sucedido en otros países”, el canónigo de la Arquidiócesis de Acapulco indicó que existe la presunción de que los cárteles se han hecho del control y del poder económico en regiones como Acapulco, Costa Grande, Centro y Tierra Caliente del estado de Guerrero, “y ahora van por el poder político”.
En su acostumbrada conferencia de prensa dominical, monseñor Aguirre Franco dio a conocer una Carta Pastoral que sobre el crimen organizado en Guerrero redactaron los cinco obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, en la cual hacen un llamado a la conversión “y su perdón siempre está dispuesto por Dios”, a quienes se han involucrado en las diversas formas del crimen organizado.
Rechazó que se esté promoviendo su excomunión, pero advirtió que “mientras no den muestras de arrepentimiento y de cambio de vida para abandonar el sendero del crimen, les hemos de decir que ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado al fuego (Evangelio según San Lucas)”.
Reconoció que muchas de las personas involucradas en el crimen organizado están bautizadas en la Iglesia Católica pero carecen de una formación viva en la fe, “y necesitamos asumir esa responsabilidad”, aunque luego admitió también que los servicios religiosos de su iglesia no excluyen a nadie y se dan por igual a todos, porque esa es la función de su religión católica “y no por las dádivas que se reciben”.
Sin embargo reprobó que algunos sacerdotes que, a sabiendas de las actividades ilícitas a las que se dedican algunas personas, les prestan algún servicio religioso convirtiéndose en sus cómplices.
A las autoridades de los tres niveles de gobierno, les pidió “encarecidamente que, fieles a su vocación de servicio a la comunidad, antepongan el bien común a los intereses de partidos o de grupos, sobre todo de aquellos que se organizan para delinquir”.
Urgió a efectuar un saneamiento de los cuerpos de seguridad y las instancias de procuración de justicia, para que sean confiables y garanticen una lucha a fondo contra el narcotráfico y toda forma de delincuencia organizada. “Tiene que desaparecer cualquier señal de corrupción y de complicidad bajo la forma de protección política y policíaca a los criminales que tanto daño hacen a la sociedad”, agregó el clérigo.
La misiva pastoral está firmada por los obispos de las diócesis de Tlapa de Comonfort, Roberto Domínguez Couttolenc; de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala Castro; de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda; de Acapulco, Juan Navarro Castellanos, además del arzobispo Aguirre Franco.
En ella convocan a los agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas y laicos) a hacer suya la tarea de promover la paz y, además del anuncio del Evangelio, “alzar su voz para hacer una denuncia profética de los graves males que afligen a la comunidad, exigiendo cambios y, sobre todo, una conversión espiritual que lleve a un cambio de vida. Tenemos que denunciar las formas criminales que dañan profundamente al pueblo de Dios a través del narcotráfico, de los secuestros, de la trata de personas, de las ejecuciones y del lavado de dinero, y de las complicidades que las permiten y las protegen”.
Al hacer esta “advertencia a tiempo, de que ocurra lo que ha sucedido en otros países”, el canónigo de la Arquidiócesis de Acapulco indicó que existe la presunción de que los cárteles se han hecho del control y del poder económico en regiones como Acapulco, Costa Grande, Centro y Tierra Caliente del estado de Guerrero, “y ahora van por el poder político”.
En su acostumbrada conferencia de prensa dominical, monseñor Aguirre Franco dio a conocer una Carta Pastoral que sobre el crimen organizado en Guerrero redactaron los cinco obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, en la cual hacen un llamado a la conversión “y su perdón siempre está dispuesto por Dios”, a quienes se han involucrado en las diversas formas del crimen organizado.
Rechazó que se esté promoviendo su excomunión, pero advirtió que “mientras no den muestras de arrepentimiento y de cambio de vida para abandonar el sendero del crimen, les hemos de decir que ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado al fuego (Evangelio según San Lucas)”.
Reconoció que muchas de las personas involucradas en el crimen organizado están bautizadas en la Iglesia Católica pero carecen de una formación viva en la fe, “y necesitamos asumir esa responsabilidad”, aunque luego admitió también que los servicios religiosos de su iglesia no excluyen a nadie y se dan por igual a todos, porque esa es la función de su religión católica “y no por las dádivas que se reciben”.
Sin embargo reprobó que algunos sacerdotes que, a sabiendas de las actividades ilícitas a las que se dedican algunas personas, les prestan algún servicio religioso convirtiéndose en sus cómplices.
A las autoridades de los tres niveles de gobierno, les pidió “encarecidamente que, fieles a su vocación de servicio a la comunidad, antepongan el bien común a los intereses de partidos o de grupos, sobre todo de aquellos que se organizan para delinquir”.
Urgió a efectuar un saneamiento de los cuerpos de seguridad y las instancias de procuración de justicia, para que sean confiables y garanticen una lucha a fondo contra el narcotráfico y toda forma de delincuencia organizada. “Tiene que desaparecer cualquier señal de corrupción y de complicidad bajo la forma de protección política y policíaca a los criminales que tanto daño hacen a la sociedad”, agregó el clérigo.
La misiva pastoral está firmada por los obispos de las diócesis de Tlapa de Comonfort, Roberto Domínguez Couttolenc; de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala Castro; de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda; de Acapulco, Juan Navarro Castellanos, además del arzobispo Aguirre Franco.
En ella convocan a los agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas y laicos) a hacer suya la tarea de promover la paz y, además del anuncio del Evangelio, “alzar su voz para hacer una denuncia profética de los graves males que afligen a la comunidad, exigiendo cambios y, sobre todo, una conversión espiritual que lleve a un cambio de vida. Tenemos que denunciar las formas criminales que dañan profundamente al pueblo de Dios a través del narcotráfico, de los secuestros, de la trata de personas, de las ejecuciones y del lavado de dinero, y de las complicidades que las permiten y las protegen”.