Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 30 de diciembre de 2007.- Aunque todo parece indicar que después de varias semanas de movilizaciones, durante los cuales los normalistas de Ayotzinapa sufrieron dos desalojos violentos, con saldo de varias decenas de golpeados, encarcelados y consignados penalmente, por tomar las vías de comunicación y oficinas públicas, el conflicto ha sido superado mediante un acuerdo que supuestamente respetarán, en cuanto a la asignación de plazas para maestros, pero al mismo tiempo advierten que continuarán su lucha a partir del mes de enero.
Las principales demandas del pliego petitorio de los normalistas, entregado en octubre a la Secretaría de Educación de Guerrero, fueron el respeto a la Licenciatura en Educación Primaria; otorgamiento de plazas a todos los egresados de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”; respeto al sistema de internado de esa institución de Ayotzinapa; fichas a todos los egresados del nivel medio superior; material bibliográfico suficiente para toda la base estudiantil.
Así comenzaron su exigencia de 105 plazas particularmente para los egresados de la generación 2003-2007, denominada “Lucio Cabañas Barrientos”.
Entre las demandas económicas, los estudiantes exigieron la transparencia y reintegración del remanente existente, y que se genera diariamente del presupuesto alimenticio, para beneficio de la misma escuela normal; pidieron también el monto total asignado a todas las partidas autorizadas.
Por cuanto a las demandas materiales, pidieron la dotación de máquinas tortilladoras para el sector cocina; dotación suficiente de mobiliario escolar para todo el alumnado; construcción y rehabilitación de baños; mantenimiento y rehabilitación de la escuela normal.
En materia política, los estudiantes de Ayotzinapa exigieron respeto a su organización estudiantil; el desistimiento de todas las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra cualquier integrante de la escuela y egresados.
Antes, los egresados normalistas realizaron el cuatro de septiembre un plantón en la Cámara de Diputados, en la ciudad de México, para solicitar la intervención de los legisladores federales en la exigencia de una reunión con el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, para solicitarle las 105 plazas.
La SEG entregó la primera remesa de plazas obtenidas del gobierno federal, mediante la Programación Detallada (Prodet), y repartió 10 plazas para cada una de las escuelas normales de la entidad.
Entonces los estudiantes y egresados de Ayotzinapa tomaron las instalaciones de varias radiodifusoras en la capital del estado, para transmitir sus demandas, particularmente la exigencia de que les entregaran las 95 plazas restantes de su demanda original de 105.
Posteriormente, el primero de octubre, durante más de cinco horas los normalistas bloquearon los accesos del Congreso del Estado, para exigir a los diputados locales su intervención para que les entregaran las plazas demandadas, y al día siguiente se les unieron miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), con quienes marcharon por las calles de Chilpancingo, y tomaron las oficinas de la SEG, bloqueando los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la salida de la capital del estado, casi frente a la Cámara de Diputados, donde exigieron la renuncia del titular de Educación, José Luis González de la Vega.
En una reunión sostenida el 30 de octubre, el secretario de Educación de Guerrero les advirtió que no habría plazas para los 525 alumnos que estudian la licenciatura en Primaria en Ayotzinapa, y pidió a los estudiantes que firmaran un documento en el que deslindan a la SEG de la entrega de los espacios cuando egresen, además de sugerirles que esa escuela normal rural cambiara a otra modalidad.
Al día siguiente, el 31 de octubre, los egresados protestaron durante tres horas en la Autopista del Sol, a la altura de Palo Blanco, para exigir las plazas y rechazar la propuesta del secretario de Educación de integrarse al Consejo Nacional del Fomento Educativo, como instructores comunitarios.
El día 13 de noviembre, con bombas molotov y cohetones, los normalistas tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Guerrero, por más de nueve horas, donde hubo destrozos y retuvieron a más de 13 trabajadores.
A la mañana siguiente, policías de Chilpancingo dispararon al aire cuando persiguieron y golpearon a egresados y alumnos de Ayotzinapa, en el momento en que éstos retenían a un agente de Gobernación que presuntamente espiaba sus movimientos. Por la tarde de ese 14 de noviembre, fueron objeto de un desalojo violento en el Congreso local, por parte de policías antimotines del estado, quienes utilizaron gases lacrimógenos y toletes, para obligar a los normalistas a abandonar el recinto legislativo donde mantenían un plantón.
El 29 de noviembre, durante dos horas tomaron la caseta de cobro de la Autopista del Sol ubicada en Paso Morelos, en demanda de una reunión resolutiva con el gobernador del estado, y retuvieron a 26 diputados locales durante ocho horas, para exigir que se fijara una fecha para esa entrevista con ellos.
En 12 autobuses, los normalistas llegaron el 30 de noviembre a la caseta de peaje de La Venta, donde fueron desalojados de manera violenta por los policías federales, en virtud de que amenazaban tomar la estación de cobro armados con bombas molotov. En esa acción fueron aprehendidos 56 normalistas, de los cuales finalmente fueron consignados 18 ante un juez federal, por los delitos de motín y ataques a las vías de comunicación, quedando en libertad los otros 38 en los siguientes dos días, y posteriormente los consignados a los cuatro días.
Finalmente, el 18 de diciembre se dieron los primeros pasos para resolver el conflicto, luego de que se reunieron los normalistas con el titular de la SEG, con quien establecieron el acuerdo de incorporar a la matrícula de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, un total de 40 espacios para la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe.
Luego del encuentro celebrado en el salón Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno, José Luis González de la Vega destacó la disposición de los estudiantes para lograr acciones en beneficio del sector educativo en la entidad. “Gracias a este acuerdo podremos fortalecer la educación que se brinda en las comunidades indígenas, que demandan la atención de maestros que hablen la lengua materna”, enfatizó.
El funcionario estatal explicó que el concepto de interculturalidad se refiere a que los alumnos que ingresen deben hablar de origen una lengua madre, por lo que reconoció como un “avance importante” que de las 140 matrículas autorizadas para esa normal, 40 serán para la licenciatura Intercultural Bilingüe y 100 para Educación Primaria.
Otro de los acuerdos es que se mantiene el promedio de ocho de calificación como mínimo para ingresar a esta normal, mientras que la SEG seguirá administrando el servicio de comedor. Asimismo se avanzó en el pliego petitorio que considera los apoyos de tipo económico para el mantenimiento del plantel. Pero quedó pendiente el rubro de las plazas demandadas.
Al dar por terminado aparentemente el conflicto, que llevó a los estudiantes a movilizarse durante más de un mes, y a los egresados más de cuatro meses, se tiene previsto el regreso a clases de los normalistas el próximo día siete de enero. Sin embargo, aún se desconoce si los egresados de ese plantel determinarán continuar o finalizar sus acciones, después de que no ha sido satisfecha su demanda de 175 plazas para maestros.
Las principales demandas del pliego petitorio de los normalistas, entregado en octubre a la Secretaría de Educación de Guerrero, fueron el respeto a la Licenciatura en Educación Primaria; otorgamiento de plazas a todos los egresados de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”; respeto al sistema de internado de esa institución de Ayotzinapa; fichas a todos los egresados del nivel medio superior; material bibliográfico suficiente para toda la base estudiantil.
Así comenzaron su exigencia de 105 plazas particularmente para los egresados de la generación 2003-2007, denominada “Lucio Cabañas Barrientos”.
Entre las demandas económicas, los estudiantes exigieron la transparencia y reintegración del remanente existente, y que se genera diariamente del presupuesto alimenticio, para beneficio de la misma escuela normal; pidieron también el monto total asignado a todas las partidas autorizadas.
Por cuanto a las demandas materiales, pidieron la dotación de máquinas tortilladoras para el sector cocina; dotación suficiente de mobiliario escolar para todo el alumnado; construcción y rehabilitación de baños; mantenimiento y rehabilitación de la escuela normal.
En materia política, los estudiantes de Ayotzinapa exigieron respeto a su organización estudiantil; el desistimiento de todas las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra cualquier integrante de la escuela y egresados.
Antes, los egresados normalistas realizaron el cuatro de septiembre un plantón en la Cámara de Diputados, en la ciudad de México, para solicitar la intervención de los legisladores federales en la exigencia de una reunión con el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, para solicitarle las 105 plazas.
La SEG entregó la primera remesa de plazas obtenidas del gobierno federal, mediante la Programación Detallada (Prodet), y repartió 10 plazas para cada una de las escuelas normales de la entidad.
Entonces los estudiantes y egresados de Ayotzinapa tomaron las instalaciones de varias radiodifusoras en la capital del estado, para transmitir sus demandas, particularmente la exigencia de que les entregaran las 95 plazas restantes de su demanda original de 105.
Posteriormente, el primero de octubre, durante más de cinco horas los normalistas bloquearon los accesos del Congreso del Estado, para exigir a los diputados locales su intervención para que les entregaran las plazas demandadas, y al día siguiente se les unieron miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), con quienes marcharon por las calles de Chilpancingo, y tomaron las oficinas de la SEG, bloqueando los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la salida de la capital del estado, casi frente a la Cámara de Diputados, donde exigieron la renuncia del titular de Educación, José Luis González de la Vega.
En una reunión sostenida el 30 de octubre, el secretario de Educación de Guerrero les advirtió que no habría plazas para los 525 alumnos que estudian la licenciatura en Primaria en Ayotzinapa, y pidió a los estudiantes que firmaran un documento en el que deslindan a la SEG de la entrega de los espacios cuando egresen, además de sugerirles que esa escuela normal rural cambiara a otra modalidad.
Al día siguiente, el 31 de octubre, los egresados protestaron durante tres horas en la Autopista del Sol, a la altura de Palo Blanco, para exigir las plazas y rechazar la propuesta del secretario de Educación de integrarse al Consejo Nacional del Fomento Educativo, como instructores comunitarios.
El día 13 de noviembre, con bombas molotov y cohetones, los normalistas tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Guerrero, por más de nueve horas, donde hubo destrozos y retuvieron a más de 13 trabajadores.
A la mañana siguiente, policías de Chilpancingo dispararon al aire cuando persiguieron y golpearon a egresados y alumnos de Ayotzinapa, en el momento en que éstos retenían a un agente de Gobernación que presuntamente espiaba sus movimientos. Por la tarde de ese 14 de noviembre, fueron objeto de un desalojo violento en el Congreso local, por parte de policías antimotines del estado, quienes utilizaron gases lacrimógenos y toletes, para obligar a los normalistas a abandonar el recinto legislativo donde mantenían un plantón.
El 29 de noviembre, durante dos horas tomaron la caseta de cobro de la Autopista del Sol ubicada en Paso Morelos, en demanda de una reunión resolutiva con el gobernador del estado, y retuvieron a 26 diputados locales durante ocho horas, para exigir que se fijara una fecha para esa entrevista con ellos.
En 12 autobuses, los normalistas llegaron el 30 de noviembre a la caseta de peaje de La Venta, donde fueron desalojados de manera violenta por los policías federales, en virtud de que amenazaban tomar la estación de cobro armados con bombas molotov. En esa acción fueron aprehendidos 56 normalistas, de los cuales finalmente fueron consignados 18 ante un juez federal, por los delitos de motín y ataques a las vías de comunicación, quedando en libertad los otros 38 en los siguientes dos días, y posteriormente los consignados a los cuatro días.
Finalmente, el 18 de diciembre se dieron los primeros pasos para resolver el conflicto, luego de que se reunieron los normalistas con el titular de la SEG, con quien establecieron el acuerdo de incorporar a la matrícula de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, un total de 40 espacios para la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe.
Luego del encuentro celebrado en el salón Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno, José Luis González de la Vega destacó la disposición de los estudiantes para lograr acciones en beneficio del sector educativo en la entidad. “Gracias a este acuerdo podremos fortalecer la educación que se brinda en las comunidades indígenas, que demandan la atención de maestros que hablen la lengua materna”, enfatizó.
El funcionario estatal explicó que el concepto de interculturalidad se refiere a que los alumnos que ingresen deben hablar de origen una lengua madre, por lo que reconoció como un “avance importante” que de las 140 matrículas autorizadas para esa normal, 40 serán para la licenciatura Intercultural Bilingüe y 100 para Educación Primaria.
Otro de los acuerdos es que se mantiene el promedio de ocho de calificación como mínimo para ingresar a esta normal, mientras que la SEG seguirá administrando el servicio de comedor. Asimismo se avanzó en el pliego petitorio que considera los apoyos de tipo económico para el mantenimiento del plantel. Pero quedó pendiente el rubro de las plazas demandadas.
Al dar por terminado aparentemente el conflicto, que llevó a los estudiantes a movilizarse durante más de un mes, y a los egresados más de cuatro meses, se tiene previsto el regreso a clases de los normalistas el próximo día siete de enero. Sin embargo, aún se desconoce si los egresados de ese plantel determinarán continuar o finalizar sus acciones, después de que no ha sido satisfecha su demanda de 175 plazas para maestros.