Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 9 de diciembre de 2007.- El Consejo de Participación Ciudadana denunció que existe un contubernio entre jueces, autoridades judiciales, afianzadoras y permisionarios del transporte urbano, para no cubrir la reparación de daños cuando algún ciudadano los reclama al ser víctima de los atropellos de los camioneros.
Juan Mendoza Tapia y José de Cádiz, miembros del consejo, señalaron que hay por lo menos 50 pólizas que no se han hecho efectivas desde hace más de siete años, en el Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia, dependiente del Tribunal Superior de Justicia.
Añadieron que a la Secretaría de Finanzas, encargada de hacer efectivas dichas pólizas, “tampoco le interesa cobrarlas, dejándose entrever un verdadero contubernio y una cruel morosidad entre los dos niveles de gobierno y las afianzadoras”.
Indicaron que se registran aproximadamente 250 homicidios de tránsito en un año, y de éstos el 40 por ciento son provocados por los choferes de camiones urbanos, “pero curiosamente, aunque se inicie un juicio en su contra, los jueces siempre terminan favoreciendo a los permisionarios.
“Y las afianzadoras, como la Insurgentes, nunca pagan las pólizas por concepto de reparación de daños, mientras los jueces no defienden a la sociedad que representan, y se inclinan misteriosamente a favor de los intereses de quienes transgreden la ley, o sea los cafres y concesionarios”, apuntó Mendoza Tapia.
Mencionó que tan solo el anterior juez sexto de Distrito, Marco Antonio Ordorica Ortega, tenía 15 homicidios por tránsito de vehículos ventilándose en su juzgado, los cuales nunca fueron indemnizados conforme a derecho.
“La sociedad ya no aguanta más, y prueba de ello son las manifestaciones de inconformidad que se han dado contra estos atropellos, por lo que los jueces y las autoridades encargadas de impartir justicia deberían ser más sensibles y aplicar el derecho, porque de lo contrario podrían recrudecerse las movilizaciones de protesta”, recalcó el dirigente.
Juan Mendoza Tapia y José de Cádiz, miembros del consejo, señalaron que hay por lo menos 50 pólizas que no se han hecho efectivas desde hace más de siete años, en el Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia, dependiente del Tribunal Superior de Justicia.
Añadieron que a la Secretaría de Finanzas, encargada de hacer efectivas dichas pólizas, “tampoco le interesa cobrarlas, dejándose entrever un verdadero contubernio y una cruel morosidad entre los dos niveles de gobierno y las afianzadoras”.
Indicaron que se registran aproximadamente 250 homicidios de tránsito en un año, y de éstos el 40 por ciento son provocados por los choferes de camiones urbanos, “pero curiosamente, aunque se inicie un juicio en su contra, los jueces siempre terminan favoreciendo a los permisionarios.
“Y las afianzadoras, como la Insurgentes, nunca pagan las pólizas por concepto de reparación de daños, mientras los jueces no defienden a la sociedad que representan, y se inclinan misteriosamente a favor de los intereses de quienes transgreden la ley, o sea los cafres y concesionarios”, apuntó Mendoza Tapia.
Mencionó que tan solo el anterior juez sexto de Distrito, Marco Antonio Ordorica Ortega, tenía 15 homicidios por tránsito de vehículos ventilándose en su juzgado, los cuales nunca fueron indemnizados conforme a derecho.
“La sociedad ya no aguanta más, y prueba de ello son las manifestaciones de inconformidad que se han dado contra estos atropellos, por lo que los jueces y las autoridades encargadas de impartir justicia deberían ser más sensibles y aplicar el derecho, porque de lo contrario podrían recrudecerse las movilizaciones de protesta”, recalcó el dirigente.