Acapulco, Gro., 6 de octubre de 2007.- El presidente de la Comisión de Transportes del Cabildo porteño, regidor Armando Tapia Moreno, declaró que los operativos para poner orden al servicio público de transporte no tendrán éxito si primero no se erradica la corrupción entre los agentes de Tránsito y los choferes de las unidades, así como los líderes transportistas “que tienen un convenio no escrito para pagar no más de 50 pesos por infracción”.
Consideró que si “simple y llanamente se aplicara el reglamento de manera estricta, tal como está establecido, el reglamento de Tránsito y la ley de Transportes del estado, tendríamos orden en el servicio de transporte público. Bien aplicados, definitivamente tendríamos buenos resultados, porque podremos tener el reglamento y la ley de Transportes más vanguardistas, pero si no se aplican entonces son letra muerta y ahí queda, no pasa nada”.
Dijo que será necesario hacerles algunas adecuaciones y modificaciones, tanto al reglamento municipal de Tránsito como a la ley estatal del Transporte, “pero mientras tanto lo que hoy tenemos es para aplicarse estrictamente, y no habría mayores problemas; se podría controlar el servicio público, e incluso a los automovilistas particulares”.
Sin embargo observó que seguramente no se han aplicado esas normas “porque siguen habiendo señalamientos de actos de corrupción, tanto de los agentes de Tránsito como de los inspectores de Transportes; son señalamientos de la ciudadanía, pero lamentablemente no se hacen las denuncias correspondientes, no se les da el seguimiento adecuado y eso permite la anarquía en el servicio de transporte”.
Refirió que los actuales operativos emprendidos por Protección y Vialidad, y Ecología municipal, responden sólo a una minuta firmada por el presidente municipal con los miembros de los cinco bloques del transporte público, “pero hace falta incluir a los que no están integrados a esos bloques, porque no sabemos si también van a respetar los acuerdos”.
Tapia Moreno apuntó que en apariencia los operativos están funcionando, “pero falta el accionar del gobierno del estado, principal responsable del transporte público en la entidad. La legislación de transportes le compete al ejecutivo estatal, y por ende su aplicación, además de ofrecer algunas reformas para que ésta se ponga a la vanguardia”, recalcó.
Por ejemplo, abundó, debe legislarse para que uno de los requisitos para obtener la licencia de conducir, “y también debe estar contemplado en el reglamento, la edad mínima sea de 25 años, así como establecer como obligatorio el uso del uniforme y cierto nivel escolar, aunado a que se obligue a los operadores a tomar un curso sobre vialidad y desarrollo humano, no nada más un simple examen para obtener su licencia de manejo, y de esa forma sean más responsables en el manejo de los vehículos del servicio público; dar un buen trato al usuario y que tengamos la certeza de que son personas con mayor responsabilidad y seguridad”.