Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro.- 17 de junio de 2007.- El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Acapulco, Juan Navarro Castellanos, señaló que la Iglesia Católica respeta el derecho que tiene la comunidad lésbico gay para manifestarse a favor de la Ley de Sociedades en Convivencia, pero insistió en que su postura es contraria.
“Respetamos a cada persona; sus decisiones, sus preferencias, su vida, pero no estamos de acuerdo con la aprobación de esa ley, que tiene que ver con la ética y la moral, porque si no hay criterios claros se corre el riesgo de confundirnos”, externó en conferencia de prensa posterior a la homilía dominical.
Por otro lado, al emitir una opinión aprobatoria acerca de la llamada Comisión de la Verdad que acordaron el Partido de la Revolución Democrática con el gobernador del estado, consideró necesario que no solamente se investiguen casos del pasado como los de Aguas Blancas y El Charco, sino también del presente, como los crímenes del diputado panista Jorge Bajos Valverde y del periodista Amado Ramírez Dillanes.
Y fijó su postura sobre la búsqueda de esa verdad: “Llegar a la verdad es saber cómo fueron los hechos y buscar la justicia; no es buscar venganza, tampoco es perdonar; se tiene que buscar la justicia, pero en base a la legalidad”.
La Iglesia espera que “esta iniciativa constituya una acción sin precedentes en Guerrero, luego de que a nivel federal ya se tuvo la experiencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ya desaparecida y sin resultados contundentes”, subrayó Navarro.
Aquella fiscalía de orden federal “generó grandes expectativas desde su creación, pero a final de cuentas dejó grandes decepciones. Por lo tanto –enfatizó– se espera que la Comisión de la Verdad del estado responda realmente al reclamo social de conocer la verdad y aplicar la justicia para no caer nuevamente en el desencanto”.
Recalcó que la Iglesia Católica ve positivamente esta iniciativa por considerarla necesaria, y observó que la creación de una comisión de ese tipo debe tener claramente especificados sus objetivos, sus facultades y el perfil de sus miembros, quienes habrán de gozar de alta calidad moral y reconocimiento social. Asimismo, puntualizó el prelado, requiere ser totalmente independiente de cualquier interés gubernamental y/o partidista.
“El conflicto de La Parota –añadió el obispo auxiliar– nos hace pensar también en la necesidad de regirse por el principio de la verdad, como criterio para evitar descalabros sociales que tuviéramos que lamentar después. Los campesinos necesitan la verdad para tomar decisiones que les convengan a ellos y a la sociedad entera”.
“Respetamos a cada persona; sus decisiones, sus preferencias, su vida, pero no estamos de acuerdo con la aprobación de esa ley, que tiene que ver con la ética y la moral, porque si no hay criterios claros se corre el riesgo de confundirnos”, externó en conferencia de prensa posterior a la homilía dominical.
Por otro lado, al emitir una opinión aprobatoria acerca de la llamada Comisión de la Verdad que acordaron el Partido de la Revolución Democrática con el gobernador del estado, consideró necesario que no solamente se investiguen casos del pasado como los de Aguas Blancas y El Charco, sino también del presente, como los crímenes del diputado panista Jorge Bajos Valverde y del periodista Amado Ramírez Dillanes.
Y fijó su postura sobre la búsqueda de esa verdad: “Llegar a la verdad es saber cómo fueron los hechos y buscar la justicia; no es buscar venganza, tampoco es perdonar; se tiene que buscar la justicia, pero en base a la legalidad”.
La Iglesia espera que “esta iniciativa constituya una acción sin precedentes en Guerrero, luego de que a nivel federal ya se tuvo la experiencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ya desaparecida y sin resultados contundentes”, subrayó Navarro.
Aquella fiscalía de orden federal “generó grandes expectativas desde su creación, pero a final de cuentas dejó grandes decepciones. Por lo tanto –enfatizó– se espera que la Comisión de la Verdad del estado responda realmente al reclamo social de conocer la verdad y aplicar la justicia para no caer nuevamente en el desencanto”.
Recalcó que la Iglesia Católica ve positivamente esta iniciativa por considerarla necesaria, y observó que la creación de una comisión de ese tipo debe tener claramente especificados sus objetivos, sus facultades y el perfil de sus miembros, quienes habrán de gozar de alta calidad moral y reconocimiento social. Asimismo, puntualizó el prelado, requiere ser totalmente independiente de cualquier interés gubernamental y/o partidista.
“El conflicto de La Parota –añadió el obispo auxiliar– nos hace pensar también en la necesidad de regirse por el principio de la verdad, como criterio para evitar descalabros sociales que tuviéramos que lamentar después. Los campesinos necesitan la verdad para tomar decisiones que les convengan a ellos y a la sociedad entera”.