Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 12 de mayo de 2007.- El diputado federal perredista Ramón Almonte Borja, pronosticó que serán sobreseídos los miles de juicios de amparo que se promueven contra la nueva Ley del ISSSTE a nivel nacional, por lo que tampoco perderán sus derechos sociales los trabajadores que los están promoviendo.
Expuso que no pueden defenderse o invocar amparos contra esa legislación porque todavía no les perjudica de manera específica, en atención a que es una ley que no permite la disyuntiva de sujetarse a la ley anterior.
Al acudir a la sesión de la Barra de Abogados, donde la magistrada del Tribunal Federal Electoral, María Macarita Elizondo Gasperín, dictó una conferencia sobre “Actualización tecnológica en la administración de justicia”, Almonte Borja coincidió con la invitada en el sentido de que todos los abogados deben actualizarse en materia de computación y servicios de Internet, para estar a la vanguardia en cuanto a actuaciones jurídicas, “y no quedarse con la vieja máquina mecánica durmiendo el sueño de los justos”.
Cuestionado sobre las advertencias del director general del ISSSTE, Miguel Angel Yunes, dirigidas a quienes están promoviendo juicios de amparo contra la nueva ley, en el sentido de que perderán sus derechos de asistencia social, el legislador perredista refutó al funcionario federal y aclaró que los trabajadores demandantes no podrán perder esos derechos, “porque de entrada puedo pronosticar que esos amparos serán sobreseídos”.
Luego explicó que en materia de juicio de amparo, hay leyes autoaplicativas, que por su propia emisión causan un perjuicio, y leyes heteroaplicativas, que solamente causan perjuicios cuando se aplica de manera especial un precepto y originan el agravio.
“De las primeras –autoaplicativas- se tienen que defender en un plazo no mayor de 30 días, a partir de la fecha en que entran en vigor; y las otras –heteroaplicativas- se deben combatir 15 días posteriores a que te cause el efecto específico”, continuó el también abogado barrista.
Dijo estar convencido de que la nueva Ley del ISSSTE es heteroaplicativa, y por consiguiente los trabajadores tienen que defenderse de ella cuando les perjudique de manera específica, “en atención a que es una ley que no permite la disyuntiva de sujetarse a la anterior legislación en materia de seguridad social, sino que te obliga a que forzosamente se te aplique la nueva ley, y de acuerdo a la Constitución las leyes no pueden tener retroactividad”, abundó.
Como esa nueva ley se aplicaría de manera retroactiva, en perjuicio de los trabajadores al servicio del estado, “cuando se aplique contra un trabajador de manera especial, es cuando deben acudir al juicio de amparo; mientras, yo voy a pronosticar, probablemente me equivoque, que por tratarse de una ley heteroaplicativa, los amparos promovidos se van a negar en cuanto al fondo”, anotó Almonte Borja.
El recurso que les queda a los trabajadores, aclaró finalmente, es el amparo indirecto, “pero cuando se les aplique la nueva ley de manera específica; por ejemplo, si alguien se quiere jubilar ahora, con 48 años de edad y 28 de servicio, y que en términos de la anterior legislación ya puede hacerlo, con la nueva ley tendría que esperar hasta los 60 años, entonces se recurre al amparo para que el juez de Distrito determine que no se puede aplicar retroactivamente esa legislación”.
Acapulco, Gro., 12 de mayo de 2007.- El diputado federal perredista Ramón Almonte Borja, pronosticó que serán sobreseídos los miles de juicios de amparo que se promueven contra la nueva Ley del ISSSTE a nivel nacional, por lo que tampoco perderán sus derechos sociales los trabajadores que los están promoviendo.
Expuso que no pueden defenderse o invocar amparos contra esa legislación porque todavía no les perjudica de manera específica, en atención a que es una ley que no permite la disyuntiva de sujetarse a la ley anterior.
Al acudir a la sesión de la Barra de Abogados, donde la magistrada del Tribunal Federal Electoral, María Macarita Elizondo Gasperín, dictó una conferencia sobre “Actualización tecnológica en la administración de justicia”, Almonte Borja coincidió con la invitada en el sentido de que todos los abogados deben actualizarse en materia de computación y servicios de Internet, para estar a la vanguardia en cuanto a actuaciones jurídicas, “y no quedarse con la vieja máquina mecánica durmiendo el sueño de los justos”.
Cuestionado sobre las advertencias del director general del ISSSTE, Miguel Angel Yunes, dirigidas a quienes están promoviendo juicios de amparo contra la nueva ley, en el sentido de que perderán sus derechos de asistencia social, el legislador perredista refutó al funcionario federal y aclaró que los trabajadores demandantes no podrán perder esos derechos, “porque de entrada puedo pronosticar que esos amparos serán sobreseídos”.
Luego explicó que en materia de juicio de amparo, hay leyes autoaplicativas, que por su propia emisión causan un perjuicio, y leyes heteroaplicativas, que solamente causan perjuicios cuando se aplica de manera especial un precepto y originan el agravio.
“De las primeras –autoaplicativas- se tienen que defender en un plazo no mayor de 30 días, a partir de la fecha en que entran en vigor; y las otras –heteroaplicativas- se deben combatir 15 días posteriores a que te cause el efecto específico”, continuó el también abogado barrista.
Dijo estar convencido de que la nueva Ley del ISSSTE es heteroaplicativa, y por consiguiente los trabajadores tienen que defenderse de ella cuando les perjudique de manera específica, “en atención a que es una ley que no permite la disyuntiva de sujetarse a la anterior legislación en materia de seguridad social, sino que te obliga a que forzosamente se te aplique la nueva ley, y de acuerdo a la Constitución las leyes no pueden tener retroactividad”, abundó.
Como esa nueva ley se aplicaría de manera retroactiva, en perjuicio de los trabajadores al servicio del estado, “cuando se aplique contra un trabajador de manera especial, es cuando deben acudir al juicio de amparo; mientras, yo voy a pronosticar, probablemente me equivoque, que por tratarse de una ley heteroaplicativa, los amparos promovidos se van a negar en cuanto al fondo”, anotó Almonte Borja.
El recurso que les queda a los trabajadores, aclaró finalmente, es el amparo indirecto, “pero cuando se les aplique la nueva ley de manera específica; por ejemplo, si alguien se quiere jubilar ahora, con 48 años de edad y 28 de servicio, y que en términos de la anterior legislación ya puede hacerlo, con la nueva ley tendría que esperar hasta los 60 años, entonces se recurre al amparo para que el juez de Distrito determine que no se puede aplicar retroactivamente esa legislación”.