Quedaron sin empleo 30 mujeres embarazadas de la maquiladora Global Jeans

Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 16 de febrero de 2007.- La Sección 20-A de la CTM demandó la intervención de las autoridades estatales para obligar a los empresarios de la maquiladora Global Jeans, a que paguen las liquidaciones correspondientes a los 400 trabajadores despedidos por el cierre de esa fábrica textil, de los cuales el 90 por ciento son mujeres y 30 de ellas están embarazadas.
Felipe Loyo Malabar, secretario general del sindicato, recordó que la empresa textilera firmó contrato colectivo de trabajo con ellos en enero del 2001, durante el sexenio gubernamental de René Juárez Cisneros, “que le otorgó muchas facilidades, dándole en comodato el terreno para que tuviera 20 años de explotación, descuentos en la licencia de construcción, y le condonó el dos por ciento que le correspondía al estado, aunque a los trabajadores sí les aplicaba el descuento correspondiente”, se quejó.
Ahora piden que las autoridades investiguen a los socios de la empresa y al apoderado legal, “para que se les aseguren sus propiedades y se pueda cubrir el adeudo que tienen con las trabajadoras”, indicó.
Quien funge como apoderado es el licenciado Carlos Manuel Altamirano Pineda, y los socios son Jaime Abatí, José Antonio Fernández Cayuela, Jacobo Troice Jalipe y Rafael Kabli Micha (socio también de Cabi Coatzacoalcos, S.A., de C.V.), todos originarios de la ciudad de México, según consta en las actas correspondientes de la formación de la empresa.
El año pasado, comentó Loyo Malabar, el gobierno del estado inició la regularización de todos los impuestos que pagaba esta empresa textilera, que gozaba de estímulos fiscales, y ese fue el motivo por el cual no les convino a los patrones pagar impuestos, además de que argumentaron sentidas bajas en sus exportaciones hacia los Estados Unidos, y por consiguiente prefirieron cerrar las puertas, afectando a más de 400 trabajadores.
La empresa Global Jeans ofrece menos del 50 por ciento de lo que les corresponde por liquidación a los trabajadores, que reclaman el pago del 100 por ciento, como lo marca la ley, por lo que continuarán su movimiento y piden que se investigue a los empresarios y representantes, porque no se quieren responsabilizar de sus adeudos, y presentarán denuncias ordinarias de manera individual, que se sumarán a la demanda colectiva.