Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 24 de febrero de 2007.- Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero advirtieron que si no se autoriza un incremento al subsidio de esa casa de estudios, para el mes de octubre ya no habrá dinero que alcance para cubrir prestaciones sociales, becas, cuotas al ISSSTE y otros rubros, por lo que se unieron a la petición de un mayor subsidio, en lugar de recortarlo como pretende el Gobierno federal.
Durante un foro nacional para analizar las revisiones de contratos colectivos de trabajo de sindicatos universitarios, el dirigente del STAUAG, José María Hernández, habló del recorte “que la Secretaría de Hacienda realizó a la UAG, por más de 225 millones de pesos, dejando a la institución en una grave insuficiencia presupuestal que tendrá fuertes repercusiones”.
Citó entre las consecuencias inmediatas la probable cancelación de prestaciones sociales como el otorgamiento de becas para la superación académica, una suspensión también de las becas para hijos de los trabajadores, la posibilidad de que dejen de pagarse las cuotas y aportaciones a instituciones de seguridad social como el ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
“Entraríamos en una situación difícil que no solamente afectaría en lo económico y el bienestar de los trabajadores, sino también se verían en condiciones difíciles las tareas propias de la Universidad, como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, dado que no habría dinero suficiente para que esas funciones puedan realizarse de manera adecuada”, subrayó el dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG.
Según sus cálculos, si se autoriza el presupuesto como lo propone el Gobierno federal “estaríamos hablando de que a partir del mes de octubre próximo no habría un solo centavo para salarios ni para prestaciones, ni tampoco para el gasto corriente que haga posible el funcionamiento de la institución universitaria”, aseveró José María Hernández.
Y observó que esta misma afectación que enfrenta la universidad guerrerense también la padece el resto de las universidades públicas del país, como las de los estados de Sinaloa, Zacatecas, Sonora, donde tienen problemas con el reconocimiento de antigüedades reales de los trabajadores ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Acapulco, Gro., 24 de febrero de 2007.- Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero advirtieron que si no se autoriza un incremento al subsidio de esa casa de estudios, para el mes de octubre ya no habrá dinero que alcance para cubrir prestaciones sociales, becas, cuotas al ISSSTE y otros rubros, por lo que se unieron a la petición de un mayor subsidio, en lugar de recortarlo como pretende el Gobierno federal.
Durante un foro nacional para analizar las revisiones de contratos colectivos de trabajo de sindicatos universitarios, el dirigente del STAUAG, José María Hernández, habló del recorte “que la Secretaría de Hacienda realizó a la UAG, por más de 225 millones de pesos, dejando a la institución en una grave insuficiencia presupuestal que tendrá fuertes repercusiones”.
Citó entre las consecuencias inmediatas la probable cancelación de prestaciones sociales como el otorgamiento de becas para la superación académica, una suspensión también de las becas para hijos de los trabajadores, la posibilidad de que dejen de pagarse las cuotas y aportaciones a instituciones de seguridad social como el ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
“Entraríamos en una situación difícil que no solamente afectaría en lo económico y el bienestar de los trabajadores, sino también se verían en condiciones difíciles las tareas propias de la Universidad, como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, dado que no habría dinero suficiente para que esas funciones puedan realizarse de manera adecuada”, subrayó el dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG.
Según sus cálculos, si se autoriza el presupuesto como lo propone el Gobierno federal “estaríamos hablando de que a partir del mes de octubre próximo no habría un solo centavo para salarios ni para prestaciones, ni tampoco para el gasto corriente que haga posible el funcionamiento de la institución universitaria”, aseveró José María Hernández.
Y observó que esta misma afectación que enfrenta la universidad guerrerense también la padece el resto de las universidades públicas del país, como las de los estados de Sinaloa, Zacatecas, Sonora, donde tienen problemas con el reconocimiento de antigüedades reales de los trabajadores ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).