Piden ejidatarios la desocupación del predio ocupado por la Policía Montada

Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 6 de febrero de 2007.- Atemorizados por los granadazos, las prácticas de tiro de los policías y los últimos acontecimientos violentos en contra de las fuerzas de seguridad, los ejidatarios de Llano Largo exigen la salida del cuartel de la Policía Montada de ese lugar, que además ocupa tres hectáreas pertenecientes al ejido, mismas que les habían sido expropiadas pero la Secretaría de la Reforma Agraria dio marcha atrás y canceló dicha expropiación.
Jesús Cruz Chupín, presidente del Comisariado Ejidal de Llano Largo, en conferencia de prensa dio a conocer que luego de la cancelación del decreto expropiatorio referido le hicieron llegar un escrito –el 11 de diciembre del 2006– al gobernador del estado, para solicitarle la devolución del predio que actualmente ocupa la corporación policíaca estatal, sin que a la fecha les hayan dado una respuesta.
Mostró copia de un acuerdo expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria, donde se da a conocer la cancelación de la expropiación de su ejido, desde el día cinco de julio del 2005, trámite que se oficializó hasta el 21 de noviembre del año pasado, cuando recibieron la notificación del delegado de la SRA, Natividad Salas Estrada.
Un nuevo escrito fue entregado al Gobierno del Estado el pasado 16 de enero, para pedir el desalojo de la Policía Montada de esos terrenos, lo que afecta a 100 ejidatarios de Llano Largo, quienes se sienten engañados por las autoridades y ahora atemorizados por los hechos violentos.
Aseguró Cruz Chupín que esas tres hectáreas pertenecen al ejido de Llano Largo, por lo que exigen que sean desocupadas, además de que temen ser heridos por alguna bala perdida por las constantes prácticas de tiro que realizan los elementos de esa corporación policíaca del estado.
Acompañado de Jacinto Valdivia Analco y Leonel Olea Valeriano, dijo que el expediente de expropiación número 12071/GOB.EDO, fue el que quedó suspendido y archivado, por lo que consideran que el Gobierno estatal ocupa ilegalmente ese terreno.