Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 13 de febrero de 2007.- Dirigentes de 40 organizaciones de transportistas pertenecientes a la zona conurbada de Acapulco, advirtieron a las autoridades del ramo que si no ponen un alto definitivo y no intensifican los operativos contra el pirataje, las denunciarán penalmente de acuerdo con el artículo 242 del Código Penal de Guerrero.
El precepto referido, contenido en el capítulo II del “Ejercicio indebido y abandono del servicio público”, reformado por última vez el 20 de abril de 1999, señala que “Al servidor público que indebidamente y en perjuicio del servicio abandone las funciones que legalmente tenga conferidas, se le aplicará prisión de dos a siete años, y de 50 a 400 días de multa”.
Asimismo, exigen que la Procuraduría de Justicia del Estado aplique el artículo 204 Bis del título II, capítulo I del Código Penal del Estado de Guerrero, en contra de los transportistas piratas, que fue adicionado en enero del 2003, y publicado el día 21 de ese mes en el Periódico Oficial del estado de Guerrero.
De acuerdo con ese artículo, al propietario o conductor de un vehículo que preste el servicio público de transporte sin la concesión, permiso o autorización correspondiente, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, y hasta 500 días de multa.
Sin embargo, los concesionarios de las organizaciones de transportistas protestaron porque, aseguran, se han llevado a cabo acciones muy limitadas y dirigidas a ciertos grupos, de tal forma que el problema de la piratería sigue alimentando la inconformidad del gremio y generando movimientos de protesta.
Cirilo López Sánchez, presidente de la Red de Transportistas del Estado de Guerrero, a nombre de sus compañeros exigió un alto definitivo al pirataje, “y que las autoridades actúen con energía en este caso, en lugar de infraccionar a quienes sí tenemos concesiones, por faltas mínimas que no son graves”, aseveró.
Advirtió que todos ellos están dispuestos a no dar ninguna tregua en el combate al pirataje, “porque ya basta que cualquier persona ponga a trabajar un taxi blanco con copias simples o escaneadas, como permiso de sustitución y sin las placas correspondientes”.
Por ello iniciarán operativos sorpresivos para detener a los piratas, como lo hicieron la semana pasada con 12 de ellos, “ya que no es justo que le roben los ingresos a los verdaderos concesionarios que cumplen con sus impuestos; vamos a reforzar la persecución contra esos transportistas irregulares, y si las autoridades no participan las denunciaremos penalmente”, añadió López Sánchez.
Acapulco, Gro., 13 de febrero de 2007.- Dirigentes de 40 organizaciones de transportistas pertenecientes a la zona conurbada de Acapulco, advirtieron a las autoridades del ramo que si no ponen un alto definitivo y no intensifican los operativos contra el pirataje, las denunciarán penalmente de acuerdo con el artículo 242 del Código Penal de Guerrero.
El precepto referido, contenido en el capítulo II del “Ejercicio indebido y abandono del servicio público”, reformado por última vez el 20 de abril de 1999, señala que “Al servidor público que indebidamente y en perjuicio del servicio abandone las funciones que legalmente tenga conferidas, se le aplicará prisión de dos a siete años, y de 50 a 400 días de multa”.
Asimismo, exigen que la Procuraduría de Justicia del Estado aplique el artículo 204 Bis del título II, capítulo I del Código Penal del Estado de Guerrero, en contra de los transportistas piratas, que fue adicionado en enero del 2003, y publicado el día 21 de ese mes en el Periódico Oficial del estado de Guerrero.
De acuerdo con ese artículo, al propietario o conductor de un vehículo que preste el servicio público de transporte sin la concesión, permiso o autorización correspondiente, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, y hasta 500 días de multa.
Sin embargo, los concesionarios de las organizaciones de transportistas protestaron porque, aseguran, se han llevado a cabo acciones muy limitadas y dirigidas a ciertos grupos, de tal forma que el problema de la piratería sigue alimentando la inconformidad del gremio y generando movimientos de protesta.
Cirilo López Sánchez, presidente de la Red de Transportistas del Estado de Guerrero, a nombre de sus compañeros exigió un alto definitivo al pirataje, “y que las autoridades actúen con energía en este caso, en lugar de infraccionar a quienes sí tenemos concesiones, por faltas mínimas que no son graves”, aseveró.
Advirtió que todos ellos están dispuestos a no dar ninguna tregua en el combate al pirataje, “porque ya basta que cualquier persona ponga a trabajar un taxi blanco con copias simples o escaneadas, como permiso de sustitución y sin las placas correspondientes”.
Por ello iniciarán operativos sorpresivos para detener a los piratas, como lo hicieron la semana pasada con 12 de ellos, “ya que no es justo que le roben los ingresos a los verdaderos concesionarios que cumplen con sus impuestos; vamos a reforzar la persecución contra esos transportistas irregulares, y si las autoridades no participan las denunciaremos penalmente”, añadió López Sánchez.