Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 13 de febrero de 2007.- El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción de la CTM denunció a los políticos que siendo funcionarios se convirtieron en transportistas, compraron carros de volteo y pipas de agua para traficar con influencias y quedarse con los contratos y servicios de acarreo a diversas dependencias gubernamentales, pero con unidades que portan placas particulares y no tienen concesiones del servicio público.
“Son políticos corruptos y hay que denunciarlos con propaganda negativa para que el pueblo se dé cuenta de quiénes son, y no vote por ellos cuando sean elecciones”, indicó Adrián Rivera Ortega, secretario general de ese sindicato cetemista, quien por otro lado aseguró que en Acapulco circulan al menos unos cien carros de dudosa procedencia y sin placas de circulación, al servicio del transporte público, pero los agentes de Tránsito no los detienen a pesar de que cometen una infracción visible.
Asimismo, se quejó de un permiso especial que a partir de esa semana les ha tratado de imponer la Dirección de Tránsito municipal, de 70 pesos por pipa o carro que circule sobre la avenida Escénica, y que al mes se traduciría en unos 2 mil 100 pesos, “cuando que yo sepa ningún otro transporte público paga ese dinero, ni camiones ni taxis azules. Mi agrupación tiene un parque vehicular de 350 carros y tendríamos que cobrarle esos 70 pesos a quienes nos soliciten los acarreos, lo cual encarecerá el material”, subrayó el dirigente cetemista.
Esos permisos para transitar por la Escénica eran gratuitos y con horarios restringidos porque no se podía circular de dos a seis de la tarde, recordó Rivera Ortega. Ahora se los quieren cobrar a 70 pesos, “pero nosotros les habíamos propuesto que en las horas pico nos detuviéramos, por ejemplo, de ocho a nueve de la mañana y de dos a tres de la tarde, y nos dicen que solamente pagando”, agregó.
Consideró demasiados impuestos y derechos los que tienen que cubrir, pues cada año pagan al Gobierno estatal una renovación del permiso y un refrendo de mil 500 pesos; una tenencia y dos revistas, “y no es posible que tengamos que pagar otro gravamen más”, remarcó el líder sindical.
Al pedirle nombres de políticos y funcionarios que se hayan metido al servicio del transporte sin contar con la concesión respectiva, quitándoles a ellos los contratos y servicios de acarreos, citó al ex director comercial de la CAPAMA, Mario Camargo, quien aseguró que compró dos pipas de agua y presta servicios en el mismo organismo.
Así también, el ex director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Andrés Lara García, quien indicó sigue trabajando con sus camiones en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, haciendo acarreos de materiales para construcción. Otro caso es el ex secretario general Daniel Ríos Abarca, a quien se le han visto carros piratas pese a que ya no es funcionario público. Igualmente el todavía director de Control Presupuestal y Planeación, Luis Manzanedo Figueroa, quien tiene carros al servicio del Ayuntamiento, “haciéndonos todos ellos una desleal competencia a los verdaderos concesionarios, y por eso tengo el valor civil de denunciarlos”, concluyó.
Acapulco, Gro., 13 de febrero de 2007.- El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción de la CTM denunció a los políticos que siendo funcionarios se convirtieron en transportistas, compraron carros de volteo y pipas de agua para traficar con influencias y quedarse con los contratos y servicios de acarreo a diversas dependencias gubernamentales, pero con unidades que portan placas particulares y no tienen concesiones del servicio público.
“Son políticos corruptos y hay que denunciarlos con propaganda negativa para que el pueblo se dé cuenta de quiénes son, y no vote por ellos cuando sean elecciones”, indicó Adrián Rivera Ortega, secretario general de ese sindicato cetemista, quien por otro lado aseguró que en Acapulco circulan al menos unos cien carros de dudosa procedencia y sin placas de circulación, al servicio del transporte público, pero los agentes de Tránsito no los detienen a pesar de que cometen una infracción visible.
Asimismo, se quejó de un permiso especial que a partir de esa semana les ha tratado de imponer la Dirección de Tránsito municipal, de 70 pesos por pipa o carro que circule sobre la avenida Escénica, y que al mes se traduciría en unos 2 mil 100 pesos, “cuando que yo sepa ningún otro transporte público paga ese dinero, ni camiones ni taxis azules. Mi agrupación tiene un parque vehicular de 350 carros y tendríamos que cobrarle esos 70 pesos a quienes nos soliciten los acarreos, lo cual encarecerá el material”, subrayó el dirigente cetemista.
Esos permisos para transitar por la Escénica eran gratuitos y con horarios restringidos porque no se podía circular de dos a seis de la tarde, recordó Rivera Ortega. Ahora se los quieren cobrar a 70 pesos, “pero nosotros les habíamos propuesto que en las horas pico nos detuviéramos, por ejemplo, de ocho a nueve de la mañana y de dos a tres de la tarde, y nos dicen que solamente pagando”, agregó.
Consideró demasiados impuestos y derechos los que tienen que cubrir, pues cada año pagan al Gobierno estatal una renovación del permiso y un refrendo de mil 500 pesos; una tenencia y dos revistas, “y no es posible que tengamos que pagar otro gravamen más”, remarcó el líder sindical.
Al pedirle nombres de políticos y funcionarios que se hayan metido al servicio del transporte sin contar con la concesión respectiva, quitándoles a ellos los contratos y servicios de acarreos, citó al ex director comercial de la CAPAMA, Mario Camargo, quien aseguró que compró dos pipas de agua y presta servicios en el mismo organismo.
Así también, el ex director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Andrés Lara García, quien indicó sigue trabajando con sus camiones en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, haciendo acarreos de materiales para construcción. Otro caso es el ex secretario general Daniel Ríos Abarca, a quien se le han visto carros piratas pese a que ya no es funcionario público. Igualmente el todavía director de Control Presupuestal y Planeación, Luis Manzanedo Figueroa, quien tiene carros al servicio del Ayuntamiento, “haciéndonos todos ellos una desleal competencia a los verdaderos concesionarios, y por eso tengo el valor civil de denunciarlos”, concluyó.