Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 26 de febrero de 2007.- Los 127 diputados federales integrantes de la fracción del PRD en el Congreso de la Unión, analizarán en este puerto los temas relacionados con la Reforma del Estado, los días 16 y 17 de marzo, invitados por el alcalde Félix Salgado Macedonio. Al respecto, el legislador Ramón Almonte Borja mencionó que los gastos correrán a cargo de su fracción parlamentaria y no del Ayuntamiento.
El diputado por el IV Distrito Federal Electoral, quien le hizo la sugerencia al primer edil sobre la citada reunión, no pudo precisar el lugar donde se llevarían a cabo los trabajos, pero indicó que pudiera ser en un hotel de la avenida Costera Miguel Alemán.
Por otro lado, dijo que los legisladores perredistas siguen analizando la situación que enfrentan los trabajadores con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), toda vez que se busca hacerle enmiendas a la ley por diversas razones, una de las cuales tiene que ver el hecho de que el pago de los créditos se ha vuelto impagable a raíz de que se incrementan al mismo tiempo que sube el salario mínimo.
Así mismo, comentó que se ha incrementado el número de quejas por parte de los deudores del Infonavit, por lo que consideran “una auténtica cacería" en su contra, a través de despachos jurídicos privados que contrata para amenazar y realizar procedimientos de desalojo en cuanto un trabajador pierde su empleo.
En esos “convenios” judiciales promovidos por despachos particulares, que operan bajo contrato con el Instituto, amparados por la misma ley, pero para su beneficio privado, se obliga a firmar a los trabajadores un documento que los compromete a incrementar de 25 a 35% de su último salario, el monto de mensualidades a pagar, agregó Almonte Borja.
Con base en la Ley del Infonavit, los mencionados acuerdos judiciales establecen que "el acreditado tiene que aceptar que de no pagar tres mensualidades consecutivas o tres discontinuas en un año, el Instituto iniciará proceso de cancelación de crédito, con el consecuente riesgo de perder su patrimonio y todo lo que ha invertido en él", acusó el diputado guerrerense.
Además, con los impuestos que pagan millones de mexicanos se subsidia la oferta de vivienda de empresas inmobiliarias, “para enganchar a la población más pobre que tendrá que pagar el crédito mensualmente durante dos décadas, y si se queda desempleada, puede ser despojada sin que se tome en cuenta lo erogado. Así, en un esquema perverso, ese bien es arrebatado a quien queda sin trabajo”, concluyó.
Acapulco, Gro., 26 de febrero de 2007.- Los 127 diputados federales integrantes de la fracción del PRD en el Congreso de la Unión, analizarán en este puerto los temas relacionados con la Reforma del Estado, los días 16 y 17 de marzo, invitados por el alcalde Félix Salgado Macedonio. Al respecto, el legislador Ramón Almonte Borja mencionó que los gastos correrán a cargo de su fracción parlamentaria y no del Ayuntamiento.
El diputado por el IV Distrito Federal Electoral, quien le hizo la sugerencia al primer edil sobre la citada reunión, no pudo precisar el lugar donde se llevarían a cabo los trabajos, pero indicó que pudiera ser en un hotel de la avenida Costera Miguel Alemán.
Por otro lado, dijo que los legisladores perredistas siguen analizando la situación que enfrentan los trabajadores con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), toda vez que se busca hacerle enmiendas a la ley por diversas razones, una de las cuales tiene que ver el hecho de que el pago de los créditos se ha vuelto impagable a raíz de que se incrementan al mismo tiempo que sube el salario mínimo.
Así mismo, comentó que se ha incrementado el número de quejas por parte de los deudores del Infonavit, por lo que consideran “una auténtica cacería" en su contra, a través de despachos jurídicos privados que contrata para amenazar y realizar procedimientos de desalojo en cuanto un trabajador pierde su empleo.
En esos “convenios” judiciales promovidos por despachos particulares, que operan bajo contrato con el Instituto, amparados por la misma ley, pero para su beneficio privado, se obliga a firmar a los trabajadores un documento que los compromete a incrementar de 25 a 35% de su último salario, el monto de mensualidades a pagar, agregó Almonte Borja.
Con base en la Ley del Infonavit, los mencionados acuerdos judiciales establecen que "el acreditado tiene que aceptar que de no pagar tres mensualidades consecutivas o tres discontinuas en un año, el Instituto iniciará proceso de cancelación de crédito, con el consecuente riesgo de perder su patrimonio y todo lo que ha invertido en él", acusó el diputado guerrerense.
Además, con los impuestos que pagan millones de mexicanos se subsidia la oferta de vivienda de empresas inmobiliarias, “para enganchar a la población más pobre que tendrá que pagar el crédito mensualmente durante dos décadas, y si se queda desempleada, puede ser despojada sin que se tome en cuenta lo erogado. Así, en un esquema perverso, ese bien es arrebatado a quien queda sin trabajo”, concluyó.