Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 23 de enero de 2007.- El delegado de la Profeco, Joel Angel Tacuba García, encabezó ayer el monitoreo de verificación a las tortillerías de Acapulco, para vigilar que no suban el precio a más de 10 pesos el kilogramo, pero ninguna fue sancionada. Dijo que se iniciarán también recorridos con personal de la PGR, por las bodegas de distribuidores, para evitar que haya ocultamiento y acaparamiento del maíz.
En Chilpancingo, la encargada de la Unidad Profeco, Elizabeth Ramírez Santos, declaró que los industriales de Guerrero no pueden ser obligados a estabilizar el precio del kilogramo de la tortilla en 8.50 pesos, porque sus costos de producción son diferentes a los del centro y norte del país, además de que ninguna representación de éstos firmó el acuerdo en la ciudad de México.
Durante las inspecciones efectuadas ayer en esta ciudad, por las colonias La Laja, Bocamar, El Roble, Infonavit Alta Progreso, Lázaro Cárdenas, La Cima, Los Lirios, entre otras, fueron detectadas solamente tres tortillerías donde se vendía el kilogramo de tortilla a 12 pesos, siendo apercibidas para que bajen el precio a 10 pesos, con la advertencia de que continuarán las visitas de verificación, y si no bajan entonces se procederá a aplicarles las sanciones correspondientes.
De las más de 170 verificaciones efectuadas a tortillerías hasta ayer, 62 han ameritado procedimientos, manteniéndoseles en constante monitoreo para que cumplan con el precio fijado en 10 pesos para esta zona, “aunque hay esfuerzos entre las dependencias federales y estatales para lograr la estabilización en 8.50 pesos, pero aún estamos trabajando en ello, falta garantizar el abasto de maíz a esta entidad, y a un menor precio, además de fondos PyME (para pequeñas y medianas empresas) para abaratarles costos a los molineros”, observó Tacuba.
A LA CAZA DE ACAPARADORES DE MAÍZ
Por otro lado, el funcionario de la Procuraduría Federal del Consumidor, anunció que conjuntamente con personal de la Procuraduría General de la República, procederán a recorrer las bodegas propiedad de los abastecedores de maíz en esta región, con el fin de verificar que no haya ocultamiento ni acaparamiento del grano.
“De hecho ya hicimos una primera visita, y uno de los comercializadores quedó emplazado a que nos demuestre fehacientemente en cuánto adquiere el maíz, y en ese sentido nosotros poder actuar, la PGE de manera penal y nosotros con las infracciones o clausuras, según corresponda”, agregó.
La casa comercializadora apercibida es la Comersur, donde se encontró que tenía un precio de 3 mil 780 pesos la tonelada de maíz, por lo cual se le dio un plazo de 10 días hábiles para que demuestre por qué está vendiendo a ese precio.
Acapulco, Gro., 23 de enero de 2007.- El delegado de la Profeco, Joel Angel Tacuba García, encabezó ayer el monitoreo de verificación a las tortillerías de Acapulco, para vigilar que no suban el precio a más de 10 pesos el kilogramo, pero ninguna fue sancionada. Dijo que se iniciarán también recorridos con personal de la PGR, por las bodegas de distribuidores, para evitar que haya ocultamiento y acaparamiento del maíz.
En Chilpancingo, la encargada de la Unidad Profeco, Elizabeth Ramírez Santos, declaró que los industriales de Guerrero no pueden ser obligados a estabilizar el precio del kilogramo de la tortilla en 8.50 pesos, porque sus costos de producción son diferentes a los del centro y norte del país, además de que ninguna representación de éstos firmó el acuerdo en la ciudad de México.
Durante las inspecciones efectuadas ayer en esta ciudad, por las colonias La Laja, Bocamar, El Roble, Infonavit Alta Progreso, Lázaro Cárdenas, La Cima, Los Lirios, entre otras, fueron detectadas solamente tres tortillerías donde se vendía el kilogramo de tortilla a 12 pesos, siendo apercibidas para que bajen el precio a 10 pesos, con la advertencia de que continuarán las visitas de verificación, y si no bajan entonces se procederá a aplicarles las sanciones correspondientes.
De las más de 170 verificaciones efectuadas a tortillerías hasta ayer, 62 han ameritado procedimientos, manteniéndoseles en constante monitoreo para que cumplan con el precio fijado en 10 pesos para esta zona, “aunque hay esfuerzos entre las dependencias federales y estatales para lograr la estabilización en 8.50 pesos, pero aún estamos trabajando en ello, falta garantizar el abasto de maíz a esta entidad, y a un menor precio, además de fondos PyME (para pequeñas y medianas empresas) para abaratarles costos a los molineros”, observó Tacuba.
A LA CAZA DE ACAPARADORES DE MAÍZ
Por otro lado, el funcionario de la Procuraduría Federal del Consumidor, anunció que conjuntamente con personal de la Procuraduría General de la República, procederán a recorrer las bodegas propiedad de los abastecedores de maíz en esta región, con el fin de verificar que no haya ocultamiento ni acaparamiento del grano.
“De hecho ya hicimos una primera visita, y uno de los comercializadores quedó emplazado a que nos demuestre fehacientemente en cuánto adquiere el maíz, y en ese sentido nosotros poder actuar, la PGE de manera penal y nosotros con las infracciones o clausuras, según corresponda”, agregó.
La casa comercializadora apercibida es la Comersur, donde se encontró que tenía un precio de 3 mil 780 pesos la tonelada de maíz, por lo cual se le dio un plazo de 10 días hábiles para que demuestre por qué está vendiendo a ese precio.