Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 30 de enero de 2007.- La delegación de la Profeco decidió tolerar el precio de 10 pesos el kilogramo de la tortilla, siempre y cuando los molineros comprueben con facturas que sus costos de producción no les permiten por ahora bajarlo a 8.50 pesos como fue acordado a nivel nacional por el Presidente Felipe Calderón, y hasta en tanto no se firme el acuerdo estatal con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Al mismo tiempo, se desistió de clausurar a más de 30 tortillerías que tenía emplazadas para cerrarlas porque no pudieron comprobar el incremento injustificado del kilogramo de ese alimento básico a 12 pesos, debido a que sus propietarios decidieron bajar el precio nuevamente a 10 pesos. Incluso algunas burlonamente redujeron un centavo más el kilogramo, ofreciéndolo a 9.99 pesos, para que se les permitiera nuevamente la actividad comercial que les había sido suspendida de manera precautoria.
Joel Angel Tacuba García, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, indicó que está en espera de que el gobernador convoque a sus secretarios de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural, así como a los delegados de Economía y de la Profeco, a una reunión con los productores de maíz y con los industriales de la masa y la tortilla, para llegar a un convenio a nivel estatal, en el que se determinen los mecanismos de ayuda que tendrán los molineros para lograr la estabilización del precio a 8.50 pesos.
NIEGAN SER ACAPARADORES DE MAÍZ
Por otra parte, miembros de las familias Serna y Mastache, quienes han sido señaladas como industriales de la masa y la tortilla que se dedican a acaparar el maíz para especular con su precio, negaron las acusaciones y exigen que se aclare de dónde provienen.
Fernando Serna Gómez, ex funcionario del gobierno municipal durante el período de Alberto López Rosas y quien supuestamente colabora con el secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, respondió que no es ningún acaparador y que no tiene empleo en el gobierno del estado, por lo que defendió su posición y advirtió que interpondrá una demanda por difamación, en contra de quiénes lo señalen.
Aprovechó para desmentir que haya financiado parte de la campaña del ex alcalde López Rosas, si no que más bien le brindó su apoyo solidario, pero sin aportarle dinero.
Por su parte, Ernesto Mastache Manzanarez dijo que él no ha sido acaparador y que efectivamente su familia se dedica a las tortillerías, pero él a la política. Agregó que sus familiares compran al mercado libre el maíz, pero no lo acaparan.
Acapulco, Gro., 30 de enero de 2007.- La delegación de la Profeco decidió tolerar el precio de 10 pesos el kilogramo de la tortilla, siempre y cuando los molineros comprueben con facturas que sus costos de producción no les permiten por ahora bajarlo a 8.50 pesos como fue acordado a nivel nacional por el Presidente Felipe Calderón, y hasta en tanto no se firme el acuerdo estatal con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Al mismo tiempo, se desistió de clausurar a más de 30 tortillerías que tenía emplazadas para cerrarlas porque no pudieron comprobar el incremento injustificado del kilogramo de ese alimento básico a 12 pesos, debido a que sus propietarios decidieron bajar el precio nuevamente a 10 pesos. Incluso algunas burlonamente redujeron un centavo más el kilogramo, ofreciéndolo a 9.99 pesos, para que se les permitiera nuevamente la actividad comercial que les había sido suspendida de manera precautoria.
Joel Angel Tacuba García, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, indicó que está en espera de que el gobernador convoque a sus secretarios de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural, así como a los delegados de Economía y de la Profeco, a una reunión con los productores de maíz y con los industriales de la masa y la tortilla, para llegar a un convenio a nivel estatal, en el que se determinen los mecanismos de ayuda que tendrán los molineros para lograr la estabilización del precio a 8.50 pesos.
NIEGAN SER ACAPARADORES DE MAÍZ
Por otra parte, miembros de las familias Serna y Mastache, quienes han sido señaladas como industriales de la masa y la tortilla que se dedican a acaparar el maíz para especular con su precio, negaron las acusaciones y exigen que se aclare de dónde provienen.
Fernando Serna Gómez, ex funcionario del gobierno municipal durante el período de Alberto López Rosas y quien supuestamente colabora con el secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, respondió que no es ningún acaparador y que no tiene empleo en el gobierno del estado, por lo que defendió su posición y advirtió que interpondrá una demanda por difamación, en contra de quiénes lo señalen.
Aprovechó para desmentir que haya financiado parte de la campaña del ex alcalde López Rosas, si no que más bien le brindó su apoyo solidario, pero sin aportarle dinero.
Por su parte, Ernesto Mastache Manzanarez dijo que él no ha sido acaparador y que efectivamente su familia se dedica a las tortillerías, pero él a la política. Agregó que sus familiares compran al mercado libre el maíz, pero no lo acaparan.