Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 18 de enero de 2007.- Hasta con la fuerza pública serán obligados los tortilleros de Acapulco a bajar el precio de ese alimento básico a 8.50 pesos el kilogramo, como lo instruyó el Presidente Felipe Calderón, dijo el delegado de la Profeco, Joel Angel Tacuba García, quien agregó que se intensificarán los monitoreos a esos negocios para que cumplan.
Señaló que han llevado a cabo 116 visitas de verificación a igual número de tortillerías, de las cuales 56 tienen procedimientos por aumento injustificado de precio, y al igual que el resto ahora tendrán que bajar todavía más el precio, pues se les había tolerado a 10 pesos el kilogramo, pero con el acuerdo signado ayer entre el gobierno federal, los sectores productivos de la cadena de maíz-tortilla y las asociaciones comercializadoras y distribuidoras de este producto, estabilizarán el precio en un máximo de 8.50 pesos por kilo.
Ante ello, todos los industriales del ramo en Acapulco tendrán que bajar de manera inmediata el precio de la tortilla, y de igual manera aquellos que aún no han sido verificados; en caso contrario, se les aplicarán multas económicas y clausuras, para lo cual solicitarán el apoyo de la fuerza pública si es necesario, advirtió el funcionario federal.
Continuarán impidiéndoles también que realicen prácticas comerciales abusivas que lesionen la economía de las familias acapulqueñas, verificándose además que den “kilos de a kilo”, y que exhiban al público el precio de las tortillas.
Tacuba García mencionó que el acuerdo firmado por el presidente de la república con los industriales, el cual estará vigente hasta el próximo 30 de abril, fecha en la que se analizará su posible continuidad, se estructura por 13 puntos donde el número seis tiene que ver con la Procuraduría Federal del Consumidor.
La actuación de la dependencia a su cargo será la de hacer que se respete el precio pactado, y estar pendiente de que ningún comercializador que se dedique a introducir el maíz al estado de Guerrero, esté ejerciendo acaparamiento del grano, de lo cual se dará aviso inmediato a la Procuraduría General de la República, a efecto de que se haga una denuncia de carácter penal.
Joel Tacuba dio a conocer que a partir de hoy todo esto llevará un procedimiento, por lo que las tortillerías tendrán que empezar a bajar sus precios, debido a que algunas aún no tienen conocimiento de esta nueva disposición.
Invitó a la ciudadanía que detecte alguna irregularidad, a que llame a la delegación de la Profeco al teléfono 483-52-33, y recalcó que el precio del kilogramo deberá ser de máximo 8.50 pesos, el cual es considerado ya como el precio oficial.
El acuerdo finalizará el día 30 de abril, fecha en la que se analizará su probable prórroga. El Presidente Calderón exhortó a que, después de la firma de éste, los gobiernos estatales y municipales también busquen de manera local verificar y mejorar el precio del alimento.
Tacuba remarcó que no se tolerará a especuladores ni acaparadores, que van a aplicar la ley con firmeza para proteger el ingreso familiar, y castigarán a quien quiera aprovecharse de la necesidad de la gente.
Acapulco, Gro., 18 de enero de 2007.- Hasta con la fuerza pública serán obligados los tortilleros de Acapulco a bajar el precio de ese alimento básico a 8.50 pesos el kilogramo, como lo instruyó el Presidente Felipe Calderón, dijo el delegado de la Profeco, Joel Angel Tacuba García, quien agregó que se intensificarán los monitoreos a esos negocios para que cumplan.
Señaló que han llevado a cabo 116 visitas de verificación a igual número de tortillerías, de las cuales 56 tienen procedimientos por aumento injustificado de precio, y al igual que el resto ahora tendrán que bajar todavía más el precio, pues se les había tolerado a 10 pesos el kilogramo, pero con el acuerdo signado ayer entre el gobierno federal, los sectores productivos de la cadena de maíz-tortilla y las asociaciones comercializadoras y distribuidoras de este producto, estabilizarán el precio en un máximo de 8.50 pesos por kilo.
Ante ello, todos los industriales del ramo en Acapulco tendrán que bajar de manera inmediata el precio de la tortilla, y de igual manera aquellos que aún no han sido verificados; en caso contrario, se les aplicarán multas económicas y clausuras, para lo cual solicitarán el apoyo de la fuerza pública si es necesario, advirtió el funcionario federal.
Continuarán impidiéndoles también que realicen prácticas comerciales abusivas que lesionen la economía de las familias acapulqueñas, verificándose además que den “kilos de a kilo”, y que exhiban al público el precio de las tortillas.
Tacuba García mencionó que el acuerdo firmado por el presidente de la república con los industriales, el cual estará vigente hasta el próximo 30 de abril, fecha en la que se analizará su posible continuidad, se estructura por 13 puntos donde el número seis tiene que ver con la Procuraduría Federal del Consumidor.
La actuación de la dependencia a su cargo será la de hacer que se respete el precio pactado, y estar pendiente de que ningún comercializador que se dedique a introducir el maíz al estado de Guerrero, esté ejerciendo acaparamiento del grano, de lo cual se dará aviso inmediato a la Procuraduría General de la República, a efecto de que se haga una denuncia de carácter penal.
Joel Tacuba dio a conocer que a partir de hoy todo esto llevará un procedimiento, por lo que las tortillerías tendrán que empezar a bajar sus precios, debido a que algunas aún no tienen conocimiento de esta nueva disposición.
Invitó a la ciudadanía que detecte alguna irregularidad, a que llame a la delegación de la Profeco al teléfono 483-52-33, y recalcó que el precio del kilogramo deberá ser de máximo 8.50 pesos, el cual es considerado ya como el precio oficial.
El acuerdo finalizará el día 30 de abril, fecha en la que se analizará su probable prórroga. El Presidente Calderón exhortó a que, después de la firma de éste, los gobiernos estatales y municipales también busquen de manera local verificar y mejorar el precio del alimento.
Tacuba remarcó que no se tolerará a especuladores ni acaparadores, que van a aplicar la ley con firmeza para proteger el ingreso familiar, y castigarán a quien quiera aprovecharse de la necesidad de la gente.