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• Necesario catalogar derechos y garantías
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Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 10 de marzo de 2006.- En los últimos 20 años, los actores políticos y la sociedad guerrerense trabajaron para que se diera la alternancia en el poder público de la entidad. Se organizaron para perfeccionar los mecanismos de elección, reformando el código electoral, y ciudadanizaron los órganos encargados de las elecciones.
Pero se les olvidó algo: descuidaron reformas que estuvieran orientadas a mejorar la calidad del servicio público y la calidad de vida de la población, reconoce el diputado local priísta Fermín Alvarado Arroyo.
Y propone una reforma integral a toda la Constitución Política del Estado de Guerrero, la cual habrá de discutirse ampliamente en un pacto social y un acuerdo político entre toda la ciudadanía en general y los actores políticos de la entidad.
El presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, sostiene la urgente necesidad de reformar el poder público del estado y sus instituciones, porque de lo contrario Guerrero se quedará en la alternancia sin consolidar la transición, que requiere la renovación y el rediseño del poder, para servir mejor a la población en sus demandas.
“En los próximos años tendremos la oportunidad de trabajar la reforma de las instituciones del poder público, fortalecer y actualizar los derechos fundamentales de los guerrerenses, incluyendo, por ejemplo, un catálogo de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de los guerrerenses, que no están definidos en la actual Constitución, y eso abona el sentimiento o idea de que en Guerrero no se respetan los derechos humanos.”
Fermín Gerardo Alvarado es quizá el único representante popular que a su edad ya formó parte en diferentes ocasiones de cada uno de los tres poderes de gobierno de esta entidad, durante los cuales acumuló la experiencia necesaria para proponer una reforma integral como ésta.
Ya fue secretario de Gobierno, el segundo de a bordo en el poder ejecutivo; fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presidente de la Sala Familiar; y actualmente es diputado local, con una de las más importantes comisiones. Antes pasó por otros cargos públicos, como el de secretario de Educación y diputado federal suplente.
Nacido en Acapulco, Alvarado Arroyo tiene título de maestro en ciencias y varios diplomados, entre ellos uno sobre el tema de la transición política, otro en mercadotecnia política, y uno más en análisis político y electoral.
Defiende derechos de los periodistas
Dentro del catálogo de derechos fundamentales de los guerrerenses que su fracción parlamentaria del PRI ha propuesta ante el seno de la Cámara de Diputados, incluyen el respeto a las fuentes del ejercicio periodístico, particularmente el secreto profesional de los periodistas que son citados por los tribunales para que revelen sus fuentes, y por ello se requiere que este derecho sea elevado a rango constitucional, lo cual iría más allá de la legislación local, con el fin de que quienes cumplen una labor periodística puedan mantener a salvo la secrecía de sus fuentes.
En términos de fondo, la nueva Constitución local debe aclarar su condición humanista, y para ello habrán de quedar perfectamente bien catalogadas las garantías individuales y colectivas de los guerrerenses, que no se especifican en la Constitución vigente.
Hay derechos que deben añadirse, como el que tiene un ciudadano a ser indemnizado cuando por un error judicial cumple determinada sentencia en los penales, o el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica que tienen los pueblos étnicos de la entidad.
Por otro lado, Fermín Alvarado propone que también se reconozcan las candidaturas independientes para cargos de elección popular, sin pasar ni ser postulados por un partido político, pues la propia Constitución Mexicana establece que todo ciudadano tiene derecho a votar y ser votado.
Como parte de las reformas se incluye la obligación que tienen los partidos políticos de proponer candidatos que reúnan la idoneidad para determinados cargos de elección, y que sean sancionados si no cumplen con ello.
Derechos fundamentales como el respeto a la vida, a la intimidad familiar y al honor, el derecho al agua, que es un debate internacional y seguramente será motivo de confrontaciones entre los pueblos dentro de algunos años.
El derecho a la renta básica para adultos mayores, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado para niños y jóvenes, y una serie de recursos y acciones legales para que los ciudadanos puedan hacer valer estos derechos ante los tribunales.
Otro caso, el de la no imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, para que éstos no prescriban, y que haya reparación del daño en esos casos.
La actual, incoherente y contradictoria
De entrada, Fermín observó que la Constitución local ha sido objeto de más de 100 reformas que lo único que han logrado es hacerla incoherente y contradictoria. De ahí la propuesta de una reforma integral, que reduzca de 15 a nueve sus títulos y de 126 a 68 los artículos constitucionales, conservando todo lo positivo de la que está en vigor, y actualizarla a partir de reformas innovadoras que ya fueron puestas en práctica en otros estados de la república, a nivel federal e incluso en otros países desarrollados.
Para empezar, la actual Constitución requiere de una mejor redacción para hacerla más accesible y entendible, preferentemente enumerando sus párrafos para que los ciudadanos puedan tener un mejor entendimiento, un mejor uso y un mejor ejercicio de los derechos y de las acciones con las cuales sientan que pueden proteger sus garantías individuales y colectivas.
Debería cambiársele el nombre de Constitución General del Estado de Guerrero, o Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el de Constitución Política y Social del Estado Libre y Soberano de Guerrero, porque no solamente tiene bases políticas y ofrecería una mejor idea de su contenido.
Con relación a las instituciones del poder público, por ejemplo en el poder legislativo debe establecerse que trabajen y sesionen por lo menos 10 meses de los 12 que tiene el año, pues actualmente lo hacen solamente seis meses y los demás cobran sin trabajar.
En el poder ejecutivo, debe dársele independencia y autonomía a la Procuraduría de Justicia, para que ésta pueda ejercer la acción penal sin depender del gobernador del estado, y el Ministerio Público deje de ser juez y parte en muchos casos, al igual que otros órganos públicos como el Consejo Estatal Electoral, que podría convertirse en un instituto autónomo electoral y de participación ciudadana.
Igualmente el órgano de fiscalización (la Contraloría) que actualmente depende del ejecutivo y que se encarga de auditar a los funcionarios estatales y ayuntamientos municipales, así como organismos públicos descentralizados; la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente, y la Defensoría de Oficio que podría incorporarse a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado.
Para fortalecer al Poder Judicial, además de destinársele entre el tres y el cinco por ciento del presupuesto de egresos del estado, debe crearse una jurisdicción única para agrupar al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, que depende actualmente del ejecutivo; al Tribunal de Arbitraje, donde se ventilan casos de justicia laboral de la propia burocracia del gobierno del estado; las juntas locales de conciliación y arbitraje, e incluso el Tribunal Electoral del Estado y el Consejo Tutelar para Menores Infractores.
Dentro del mismo asunto, fortalecer y darle mayor independencia técnica al Consejo de la Judicatura, el cual debe estar integrado por gente ajena al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Es tiempo ahora, apunta el diputado priísta, de que los esfuerzos de todos los actores políticos, gobernantes, legisladores, universitarios, grupos organizados, sociedad en general, medios de comunicación, orienten la atención y el esfuerzo para perfeccionar y mejorar nuestras leyes, y de esa manera empezar a percibir de que hay un cambio real.
Por ello la urgencia de abrir este nuevo debate y este pacto social, para hacerle una reforma integral a la Constitución local y al poder público, y así estar en condiciones de fortalecer el estado de derecho, la definición de poderes, aumentar y acelerar el desarrollo económico y el desarrollo social de un pueblo que no se merece otra cosa más que eso.
La fracción parlamentaria del PRI, integrada por 13 legisladores locales, se reunió con un cuerpo de asesores para perfeccionar su propuesta y presentarla al pleno en el marco del segundo periodo ordinario de sesiones, más o menos en el mes de abril. Entre sus asesores, figuran el doctor Manuel González Oropeza, el doctor Gilberto Garza Grimaldo y el maestro David Cienfuegos.
Posteriormente, en caso de prosperar la iniciativa, se necesitarán unos dos años para el proceso de actualización y generación de las leyes secundarias y de las leyes orgánicas de todo este nuevo cuerpo y aparato de reformas legales.
Acapulco, Gro., 10 de marzo de 2006.- En los últimos 20 años, los actores políticos y la sociedad guerrerense trabajaron para que se diera la alternancia en el poder público de la entidad. Se organizaron para perfeccionar los mecanismos de elección, reformando el código electoral, y ciudadanizaron los órganos encargados de las elecciones.
Pero se les olvidó algo: descuidaron reformas que estuvieran orientadas a mejorar la calidad del servicio público y la calidad de vida de la población, reconoce el diputado local priísta Fermín Alvarado Arroyo.
Y propone una reforma integral a toda la Constitución Política del Estado de Guerrero, la cual habrá de discutirse ampliamente en un pacto social y un acuerdo político entre toda la ciudadanía en general y los actores políticos de la entidad.
El presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, sostiene la urgente necesidad de reformar el poder público del estado y sus instituciones, porque de lo contrario Guerrero se quedará en la alternancia sin consolidar la transición, que requiere la renovación y el rediseño del poder, para servir mejor a la población en sus demandas.
“En los próximos años tendremos la oportunidad de trabajar la reforma de las instituciones del poder público, fortalecer y actualizar los derechos fundamentales de los guerrerenses, incluyendo, por ejemplo, un catálogo de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de los guerrerenses, que no están definidos en la actual Constitución, y eso abona el sentimiento o idea de que en Guerrero no se respetan los derechos humanos.”
Fermín Gerardo Alvarado es quizá el único representante popular que a su edad ya formó parte en diferentes ocasiones de cada uno de los tres poderes de gobierno de esta entidad, durante los cuales acumuló la experiencia necesaria para proponer una reforma integral como ésta.
Ya fue secretario de Gobierno, el segundo de a bordo en el poder ejecutivo; fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presidente de la Sala Familiar; y actualmente es diputado local, con una de las más importantes comisiones. Antes pasó por otros cargos públicos, como el de secretario de Educación y diputado federal suplente.
Nacido en Acapulco, Alvarado Arroyo tiene título de maestro en ciencias y varios diplomados, entre ellos uno sobre el tema de la transición política, otro en mercadotecnia política, y uno más en análisis político y electoral.
Defiende derechos de los periodistas
Dentro del catálogo de derechos fundamentales de los guerrerenses que su fracción parlamentaria del PRI ha propuesta ante el seno de la Cámara de Diputados, incluyen el respeto a las fuentes del ejercicio periodístico, particularmente el secreto profesional de los periodistas que son citados por los tribunales para que revelen sus fuentes, y por ello se requiere que este derecho sea elevado a rango constitucional, lo cual iría más allá de la legislación local, con el fin de que quienes cumplen una labor periodística puedan mantener a salvo la secrecía de sus fuentes.
En términos de fondo, la nueva Constitución local debe aclarar su condición humanista, y para ello habrán de quedar perfectamente bien catalogadas las garantías individuales y colectivas de los guerrerenses, que no se especifican en la Constitución vigente.
Hay derechos que deben añadirse, como el que tiene un ciudadano a ser indemnizado cuando por un error judicial cumple determinada sentencia en los penales, o el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica que tienen los pueblos étnicos de la entidad.
Por otro lado, Fermín Alvarado propone que también se reconozcan las candidaturas independientes para cargos de elección popular, sin pasar ni ser postulados por un partido político, pues la propia Constitución Mexicana establece que todo ciudadano tiene derecho a votar y ser votado.
Como parte de las reformas se incluye la obligación que tienen los partidos políticos de proponer candidatos que reúnan la idoneidad para determinados cargos de elección, y que sean sancionados si no cumplen con ello.
Derechos fundamentales como el respeto a la vida, a la intimidad familiar y al honor, el derecho al agua, que es un debate internacional y seguramente será motivo de confrontaciones entre los pueblos dentro de algunos años.
El derecho a la renta básica para adultos mayores, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado para niños y jóvenes, y una serie de recursos y acciones legales para que los ciudadanos puedan hacer valer estos derechos ante los tribunales.
Otro caso, el de la no imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, para que éstos no prescriban, y que haya reparación del daño en esos casos.
La actual, incoherente y contradictoria
De entrada, Fermín observó que la Constitución local ha sido objeto de más de 100 reformas que lo único que han logrado es hacerla incoherente y contradictoria. De ahí la propuesta de una reforma integral, que reduzca de 15 a nueve sus títulos y de 126 a 68 los artículos constitucionales, conservando todo lo positivo de la que está en vigor, y actualizarla a partir de reformas innovadoras que ya fueron puestas en práctica en otros estados de la república, a nivel federal e incluso en otros países desarrollados.
Para empezar, la actual Constitución requiere de una mejor redacción para hacerla más accesible y entendible, preferentemente enumerando sus párrafos para que los ciudadanos puedan tener un mejor entendimiento, un mejor uso y un mejor ejercicio de los derechos y de las acciones con las cuales sientan que pueden proteger sus garantías individuales y colectivas.
Debería cambiársele el nombre de Constitución General del Estado de Guerrero, o Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el de Constitución Política y Social del Estado Libre y Soberano de Guerrero, porque no solamente tiene bases políticas y ofrecería una mejor idea de su contenido.
Con relación a las instituciones del poder público, por ejemplo en el poder legislativo debe establecerse que trabajen y sesionen por lo menos 10 meses de los 12 que tiene el año, pues actualmente lo hacen solamente seis meses y los demás cobran sin trabajar.
En el poder ejecutivo, debe dársele independencia y autonomía a la Procuraduría de Justicia, para que ésta pueda ejercer la acción penal sin depender del gobernador del estado, y el Ministerio Público deje de ser juez y parte en muchos casos, al igual que otros órganos públicos como el Consejo Estatal Electoral, que podría convertirse en un instituto autónomo electoral y de participación ciudadana.
Igualmente el órgano de fiscalización (la Contraloría) que actualmente depende del ejecutivo y que se encarga de auditar a los funcionarios estatales y ayuntamientos municipales, así como organismos públicos descentralizados; la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente, y la Defensoría de Oficio que podría incorporarse a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado.
Para fortalecer al Poder Judicial, además de destinársele entre el tres y el cinco por ciento del presupuesto de egresos del estado, debe crearse una jurisdicción única para agrupar al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, que depende actualmente del ejecutivo; al Tribunal de Arbitraje, donde se ventilan casos de justicia laboral de la propia burocracia del gobierno del estado; las juntas locales de conciliación y arbitraje, e incluso el Tribunal Electoral del Estado y el Consejo Tutelar para Menores Infractores.
Dentro del mismo asunto, fortalecer y darle mayor independencia técnica al Consejo de la Judicatura, el cual debe estar integrado por gente ajena al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Es tiempo ahora, apunta el diputado priísta, de que los esfuerzos de todos los actores políticos, gobernantes, legisladores, universitarios, grupos organizados, sociedad en general, medios de comunicación, orienten la atención y el esfuerzo para perfeccionar y mejorar nuestras leyes, y de esa manera empezar a percibir de que hay un cambio real.
Por ello la urgencia de abrir este nuevo debate y este pacto social, para hacerle una reforma integral a la Constitución local y al poder público, y así estar en condiciones de fortalecer el estado de derecho, la definición de poderes, aumentar y acelerar el desarrollo económico y el desarrollo social de un pueblo que no se merece otra cosa más que eso.
La fracción parlamentaria del PRI, integrada por 13 legisladores locales, se reunió con un cuerpo de asesores para perfeccionar su propuesta y presentarla al pleno en el marco del segundo periodo ordinario de sesiones, más o menos en el mes de abril. Entre sus asesores, figuran el doctor Manuel González Oropeza, el doctor Gilberto Garza Grimaldo y el maestro David Cienfuegos.
Posteriormente, en caso de prosperar la iniciativa, se necesitarán unos dos años para el proceso de actualización y generación de las leyes secundarias y de las leyes orgánicas de todo este nuevo cuerpo y aparato de reformas legales.